El ex hijastro de Flavia Palmiero omitió enviar un proyecto de ley y resolvió por decreto la creación de la reserva natural en el predio donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención. La medida había sido anunciada durante la apertura de sesiones legislativas, en marzo, y recibió fuertes críticas de los organismos de derechos humanos.
Finalmente y a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos, el presidente Mauricio Macri firmó y publicó el decreto que convierte en “Reserva Ambiental de la Defensa” a Campo de Mayo, el predio donde funcionó uno de los mayores campos de concentración de la última dictadura cívico militar.
El anuncio de esta cuestionada medida había sido hecho en marzo pasado por el jefe de Estado durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa no fue sometida a debate parlamentario sino que quedó resuelta de un plumazo con la firma presidencial y su publicación ayer en el Boletín Oficial.
Acompañado por los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y el de Medio Ambiente, Sergio Bergman, Macri Blanco Villegas celebró su decreto con un brevísimo acto en ese predio, al que calificó como “una mancha verde, un área verde” donde ahora se podrá “tomar un mate, pasar un día en familia o hacer deportes”. Dijo que “a esta reserva vamos a forestarla con los árboles nativos”, aseguró que el lugar será “un lugar libre de cemento” y en ningún momento se refirió a los campos de concentración que allí funcionaron. Lo más aproximado al tema fue una mención de soslayo a la pregonada “unidad” nacional. “Me propuse unir a los argentinos. Sé que en algunas cosas tenemos diferentes opiniones. En algunas están bien y en otras deberíamos dialogar más para llegar a acuerdos positivos. Pero en el tema de cuidar al medio ambiente siento que estamos todos", dijo el retrasado mental.
Ubicado entre los partidos de San Miguel, San Martín, Hurlingham y Tigre, el predio militar de Campo de Mayo es uno de los iconos del terrorismo de Estado. Allí funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención, nacieron bebés en cautiverio que luego fueron apropiados, despegaron vuelos de la muerte y es la Unidad Penitenciaria 34 donde están alojados varios represores.
Algunos de los principales cabecillas del gobierno de facto y de las patotas que secuestraron y desaparecieron personas fueron juzgadas por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en esa guarnición. No obstante, hay investigaciones en curso. Por lo tanto, y tal como lo establece la legislación para esos casos, el sitio debe ser preservado para la continua búsqueda de pruebas del genocidio ocurrido entre 1976 y 1983.
Así y todo, el decreto dice expresamente que "las actividades que se desarrollen en el predio” que ahora es una reserva natural “deberán garantizar la preservación de todos los sitios de memoria del terrorismo de estado". También indica que deberá garantizarse "la realización de las investigaciones judiciales pertinentes y la conservación de la memoria de lo allí acontecido durante el Terrorismo de Estado". No obstante, los organismo de Derechos Humanos no apagan las alertas.
El Decreto 1056/2018 lleva las firmas de Macri Blanco Villegas, Aguad, y Marcos Peña Braun Menéndez. Estableció que el predio militar de Campo de Mayo se establecerá "un régimen especial de manejo y conservación" que "sin desmedro del ejercicio y práctica de las actividades vinculadas a proveer a la Defensa Nacional, la soberanía y los intereses vitales de la Nación, preserve los elementos de significativo valor para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural".
Asegura también que "no (se) alterarán las condiciones de dominio del bien ni las actividades relacionadas con la Defensa Nacional".
De igual modo, se buscará "contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio natural, histórico y cultural de la Nación".
Por este motivo, prohíbe "toda actividad que modifique sus características ambientales, que amenace disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier manera afecte a sus elementos bióticos o abióticos, con excepción de aquellas acciones que sean estrictamente necesarias a los fines de la Defensa Nacional".
A partir de ahora, lo que quedará vedado serán "la pesca y la caza de ejemplares de la fauna silvestre", así como "la introducción de animales domésticos". Tampoco se permitirá "la exploración y explotación minera, incluida la prospección de hidrocarburos" ni "la instalación de industrias" o "el uso o dispersión de sustancias contaminantes, tóxicas o no, salvo aquellas autorizadas con fines militares o de manejo".
De igual modo quedan prohibidos "los asentamientos humanos, salvo los que sean necesarios para el uso militar asignado, científico, de manejo, control o vigilancia". No se podrán construir "edificios o instalaciones, caminos u otras obras de desarrollo, salvo las destinadas al uso militar” o aquellas “construcciones de pequeña envergadura y de mínimo impacto que hagan al objetivo educativo de las visitas".
