Alberto Fernández: "Una de las causales del delito es la desigualdad"

Al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner, el presidente advirtió además que “el delito se perfecciona con organizaciones ilícitas con capacidad de corromper a funcionarios y estructuras del Estado”.

Alberto Fernández consideró ayer que “una de las causales del delito es la desigualdad”, a la vez que pidió que la Justicia “se revise” porque “no está funcionando como debe hacerlo”, al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner.

“Argentina tiene un serio problema en materia de seguridad y no podemos obviarlo”, indicó el presidente en el encuentro dela cual participaron referentes de todas las provincias.

Tras indicar que el delito “es un problema que tiene distintas causalidades”, afirmó que “una de ella es la desigualdad” y  subrayó en este sentido que “el delito no prospera o prospera menos en las sociedades donde la igualdad es más clara”.

Fernández opinó que “hay caminos mucho más fáciles como promover la discusión del aumento de penas o la baja de imputabilidad, soluciones que atacan los resultados pero no las causas, y el ataque de las causas para mí es lo central”.

“La seguridad es un derecho humano y todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles”, agregó. También afirmó que es “permanente” su reclamo para que “la Justicia se revise y se dé cuenta que no está funcionando como tiene que funcionar”.

Asimismo, pidió “un trabajo conjunto” entre la Nación y los gobiernos provinciales y consideró que “cuando uno revisa cómo funciona el problema de la inseguridad en Argentina está claro que el pequeño delito es el más recurrente”.

“Esa sensación de vulnerabilidad que tiene uno cuando entran en su casa es muy difícil de reparar; la sensación de debilidad que tiene quien caminando en la calle le arrebatan la cartera o le pegan un tiro y le roban el auto es un daño enorme que nuestros ciudadanos no deben padecer”, sostuvo.

Al apuntar contra los delitos cometidos por organizaciones criminales consideró que “tienen la penosa capacidad de corromper las instituciones del Estado”.

En este sentido dijo que “el narcotráfico como crimen organizado es el que más nos está ocupando en este tiempo” porque “hay provincias que la están pasando muy mal y ahí sí hay una responsabilidad del Estado federal, porque estamos hablando de delitos federales”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que los objetivos en materia de seguridad deben cumplirse con “una articulación intergubernamental” y afirmó que “las fuerzas policiales y de seguridad están a la altura del desafío por su capacidad y compromiso”.

El funcionario destacó que Argentina fue removida del listado de países donde se usan precursores químicos para fabricar drogas y dijo que esto era un logro que “nos llena de orgullo”.

Tras enumerar la participación Argentina en foros internacionales de combate del delito, mencionó como “amenazas prioritarias” del delito transnacional “el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas” y concluyó señalando que “el combate del lavado de activos es la forma más eficaz de combatir estos delitos”.

La pobreza bajó a 37,3% en el segundo semestre de 2021, el menor nivel desde la llegada de la pandemia

También se redujo la indigencia, que se ubicó en el 8,2%. Estos nuevos números implican un descenso con respecto a la anterior medición: en el primer semestre del 2021, la pobreza había sido del 40,6 por ciento de las personas, y la indigencia llegaba al 10,7 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó ayer su informe sobre Incidencia de la Pobreza y la Indigencia, del que surge que la pobreza alcanzó al 37,3 por ciento de las personas y al 27,9 por ciento de los hogares en el segundo semestre de 2021. La indigencia, al 8,2 por ciento y al 6,1, respectivamente.

Según el organismo que dirige Marco Lavagna, 10,8 de las 29 millones de personas relevadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no llegaron a cubrir con sus ingresos el costo de la Canasta Básica Total (CBT).

Si se trasladan los números al total de la población (estimada en 45,8 millones para 2021), fueron aproximadamente 17,1 millones los individuos pobres en Argentina durante los últimos seis meses del año pasado.

De este modo, más de un millón y medio de personas salieron de la pobreza respecto del semestre previo. Aun así, todavía hay 1,1 millones de pobres más que en el segundo semestre de 2019, previo al coronavirus.

El informe del INDEC reflejó que, durante el período de análisis, el ingreso total familiar subió un 23,8% promedio, contra un incremento del 16,5% en el valor de la canasta que se utiliza para medir la línea de pobreza.

Asimismo, se observó una reducción de la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT. Los primeros dieron un resultado promedio de $ 46.712, mientras que la segunda se ubicó en los $ 74.059, por lo cual la brecha fue del 36,9%, inferior al 40% del primer semestre de 2021.

La mejora en los números fue causada por varios factores, entre ellos la recuperación del mercado de trabajo. Vale recordar que la semana pasada el INDEC informó que la desocupación cayó al 7% en el último trimestre de 2021, el nivel mínimo de la serie de datos iniciada en 2016.

La baja de la desocupación se explicó íntegramente por un aumento en el empleo; en comparación con fines de 2019 se verificaron casi 650.000 personas ocupadas adicionales. La tasa de empleo fue la más alta desde 2014, mientras que la tasa especifica de empleo para las mujeres marcó un récord desde 2003.

"La primavera electoral dejó sus frutos con la recuperación del empleo, caída de la desocupación, relativas mejoras salariales, mayor cobertura y aumento en las asignaciones sociales; y, por lo tanto, una consecuente caída de la tasa de indigencia y de la pobreza urbana", sostuvo Agustín Salvia, el director del observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) que habitualmente suele estimar los datos de pobreza.

"Estos resultados encuentran explicación en una burbuja de reactivación económica post Covid-19, junto a una fuerte inversión pública, manteniendo controlados precios de tarifas, todo lo cual dejó como efecto un incremento del consumo", acotó el especialista.

Previo al informe del INDEC también se conoció la semana pasada el relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que consignó que 101.000 habitantes del distrito salieron de la pobreza en el cuarto trimestre de 2021.

Periodo en el que el nivel de la población en esa condición fue el 21,6% del total, con una mejora interanual de 3,3 puntos porcentuales respecto del 24,9% del mismo período del año anterior.

Además, el informe dio cuenta de un incremento de 4 puntos porcentuales en las personas consideradas de clase media, que pasaron en el período analizado del 45,9% al 49,9%.

De esta forma, el distrito completó cuatro años consecutivos con una población de clase media por debajo del 50%. Además, hay que tener en cuenta que la aceleración de la inflación de los últimos dos meses, que llegó al 3,9% en enero y al 4,7% en febrero no se verá reflejada en la medición de pobreza que el instituto de estadísticas difundirá en las próximas horas.

Coparticipación: Alberto Fernández sumó el apoyo de gobernadores, que cuestionaron con dureza a Rodríguez Larrata, a Macri y a la Corte Suprema

Luego de una reunión con el presidente y el ministro del Interior -sin la presencia de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio-, los justicialistas Capitanich, Zamora y Perotti criticaron con vehemencia al alcalde porteño y al ex hijastro de Flavia Palmiero, y acusaron al máximo tribunal por su “favoritismo” hacia la ciudad de Buenos Aires en la pelea por los fondos de la policía transferidos “de manera excesiva” en 2018.

Los gobernadores harán un gesto de fuerte presión ante la Corte Suprema contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, en el marco de la causa por los fondos del traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. 

Luego de la reunión de alto voltaje político en la Casa Rosada, encabezado por Alberto Fernández y Eduardo “Wado” de Pedro, los jefes provinciales del PJ resolvieron enviar una carta al máximo tribunal para decirle que un fallo a favor de la CABA sería “un atropello” y remarcar que el distrito recibió más fondos de lo que le correspondía. Algunos hasta hablaron de un “robo” a las provincias.

Tras el encuentro, al que fuentes oficiales calificaron como “muy picante”, algunos jefes provinciales del PJ afines al oficialismo, como Jorge Capitanich (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), revelaron que enviarán una carta al tribunal. 

Lo dijeron de manera vehemente, durante una conferencia de prensa en la explanada de la Casa Rosada apenas terminó el encuentro, pasadas las 13.20.

“Hay una vigencia plena del federalismo, pero sentimos que la injerencia de la Corte tiene un claro favoritismo por la Ciudad, que es la que más recursos recibe, profundizando las asimetrías en el país. El federalismo es una bandera irrenunciable”, dijo Capitanich en la explanada de la Casa Rosada bajo el sol del mediodía.

“Nos hubiera gustado que la audiencia (del 10 de marzo) fuera abierta, para todos, todos supieran que Macri nos robó 500 mil millones de pesos”, agregó Zamora. 

“Lo que hicieron es consolidar un atropello, si se genera un fallo que voltee algo que nosotros que venimos constituyendo... Para colmo, las provincias pagamos a la Ciudad sueldos más caros para su policía. Si la Corte falla por la Ciudad, estarían destruyendo el federalismo. Estamos acá para que el pueblo sepa lo que pasa. Las provincias somos preexistentes”, dijo. Después se expresó, en un tono similar, Omar Perotti (Santa Fe).

Antes, De Pedro había señalado la reunión fue convocada “para solicitar el estado de situación del juicio que se lleva en la Corte, sobre el exceso de los fondos obtenidos por la Ciudad en el marco del traspaso de la policía federal”. El ministro aseguró que esos recursos, transferidos por Macri a la CABA en 2018, representan “el doble del costo de la policía”. 

“Cuando se habla de quita, no es una quita, es la recuperación del exceso de fondos que fueron a la ciudad en detrimento de todos los argentinos. Con la excusa del traspaso de la policía casi se triplicaron los ingresos a la Ciudad”, enfatizó.

El cónclave, del que participaron 19 gobernadores, había sido convocado por De Pedro y por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para “informar” a los jefes provinciales sobre las consecuencias concretas que tendría para las provincias una decisión a favor del distrito porteño en la Corte.

Estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. También, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.

El encuentro ocurrió mientras corre el período de 30 días hábiles que ordenó la Corte para que las partes lleguen a una solución política en la disputa por los fondos que le transfirió la Nación a CABA en 2018, durante la abyecta gestión de Miauricio Macri, y que vence el 26 de abril. En caso contrario, el Máximo Tribunal podría dar de baja la quita hasta tanto resuelva el tema de fondo, para lo cual no hay una fecha límite.

La reunión empezó a la mañana, a partir de las 11.30, en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, y terminó pasadas las 13.20. Los ausentes fueron los gobernadores opositores: obviamente, Rodríguez Larraeta, el jujeño Gerardo Morales, el mendocino Rodolfo Suárez y el correntino Gustavo Valdés.

Se trató de una jugada política para aislar a Rodríguez Larrata en el conflicto, donde el principal argumento del alcalde porteño es la inconstitucionalidad de la norma que emitió el Ejecutivo hace más de un año y medio. 

En Parque Patricios habían puesto el grito en el cielo por la quita “inconsulta” de más de un punto de coparticipación que le había transferido Macri por la gestión de la policía, e iniciaron un proceso legal a través de la presentación de una medida cautelar, que tuvo su última instancia el 10 de marzo, cuando la Corte pidió a las partes, durante una audiencia de conciliación, que arriben a un acuerdo político. Pero por ahora no hubo un acercamiento de posiciones concreto.

Los gobernadores ya habían expresado su posición contraria, en una solicitada emitida a fines de 2020, meses después de la decisión del gobierno nacional para quitarle más de un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Ayer volvieron a sentar postura, y buscan presionar a la Corte y a la Ciudad para que cedan, al considerar que el destinamiento “excesivo” de recursos al distrito porteño perjudica a las arcas nacionales y, en consecuencia, a los fondos que reciben las provincias para obras y en concepto de subsidios.

Kicillof: "Macri favoreció a la ciudad de Buenos Aires con recursos extraordinarios sin sustento legal"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó que a partir de ahora se busque un equilibrio como lo establece la Constitución nacional. Fue tras participar junto al presidente Alberto Fernández de la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

Axel Kicillof aseguró ayer que durante la infame gestión de Miauricio Macri "se favoreció a la ciudad de Buenos Aires con la asignación de recursos extraordinarios sin sustento legal ni económico" y solicitó que "se busque un equilibrio como lo establece la Constitución nacional".

"A mí me tocó siendo diputado nacional observar como el Gobierno de Mauricio Macri le daba recursos extraordinarios permanentemente a la ciudad de Buenos Aires sin sustento legal ni sustento económico y eso lo denuncié en su momento", recordó Kicillof.

El mandatario provincial formuló estas declaraciones a la prensa tras participar junto al presidente Alberto Fernández de la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior que se realizó esta mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Kicillof se sumó luego al cónclave entre funcionarios Gobierno nacional y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la ciudad de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.

"No quiero plantear esto como un conflicto entre las jurisdicciones. Sí creo que Macri favoreció a la ciudad de Buenos Aires y esto no es contra los habitantes de ese distrito. Muchas veces se comparan la situación en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal, pero se olvidan de los presupuestos que cada uno tiene", apuntó.

Asimismo, indicó que “la provincia de Buenos Aires, como distrito, perdió en la década del ’80 -durante la gobernación de Alejandro Armendariz- varios puntos de coparticipación debido a la idea de que sacándole recursos a la provincia y dárselos a otras jurisdicciones no iba a haber tanta inmigración interna hacia el conurbano y eso no pasó”.

“Por eso, hoy tenemos déficit de infraestructura como agua, cloacas, viviendas y eso tiene que ver con falta de recursos también. Creo que hay que equilibrar, como lo dice la Constitución nacional. Hoy, eso es algo que no existe. La peor de las soluciones es darle más recursos a la jurisdicción que más tiene”, remarcó.

La reunión que se desarroll{o en Casa Rosada -pedida por los mandatarios provinciales-, fue encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Otorgarán un bono a jubilados para dar pelea a la inflación

El Gobierno lo pagará en abril a 5 millones de personas. La ANSeS define el monto del pago extraordinario, que rondaría los 8 mil pesos y alcanzaría no solo a las jubilaciones y pensiones mínimas. Los antecedentes.

Con la aceleración de la inflación en marzo, el Gobierno decidió otorgar un nuevo bono para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Se anunciará en abril, apenas se termine de definir el monto, y beneficiará a alrededor de 5 millones de personas. 

Según trascendió, el pago extraordinario se ubicaría entre 5 mil y 8 mil pesos para la jubilación mínima e iría disminuyendo para los haberes un poco más altos, hasta determinado monto, aunque fuentes oficiales evitaron referirse a las cifras.

El aumento acelerado de los precios, sobre todo en los alimentos, que acumulan una suba de 7,7 por ciento hasta el 23 de marzo de acuerdo a la consultora LCG, le ganó la pulseada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre "evitar subas discrecionales en jubilaciones y pensiones" para no obstaculizar las metas fiscales.

La jubilación mínima se encuentra hoy en 32.630 pesos, monto que rige desde marzo hasta junio de este año de acuerdo a la actualización trimestral de la ley de movilidad. El último aumento, decretado en febrero, resultó del 12,28 por ciento. En ese momento se estimaba que la inflación para enero-marzo sería de 12,49 por ciento, es decir, un porcentaje similar al de la movilidad. Sin embargo, el cambio de escenario internacional llevó al Gobierno a tomar esta decisión para que los y las jubiladas no pierdan poder adquisitivo.

De hecho, el bono podría estar amparado en aquella palabra que el FMI incorporó una vez aprobado el proyecto en el staff report: "recalibrar políticas" dados los "riesgos excepcionales" a los que está expuesto el programa. Es que la disparada de precios de los alimentos está justificada -por lo menos desde el sector privado- en el aumento de los precios internacionales dada la circunstancia excepcional de la guerra Rusia-Ucrania.

¿Qué pasó hasta ahora?

La ley de movilidad jubilatoria que rige desde 2021 se determina según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) - el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la ANSeS. Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario.

En 2021, la ley de movilidad concretó subas en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12), septiembre (12,39) y diciembre (12,11 por ciento), acumulando un 52,7 por ciento, apenas por encima de la inflación, del 50,9 por ciento de 2021.

En paralelo a los aumentos previstos operaron los bonos otorgados por el Ejecutivo. Fueron dos de 1500 pesos en abril y mayo y otro de 5000 pesos en agosto para más de 3,5 millones de jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo. El último bono de fin de año alcanzó a 4.7 millones de jubilados y pensionados y fue de 8 mil pesos para los haberes mínimos, que totalizaron en diciembre 37.061 pesos. Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y por lo tanto no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad.

Si bien la fórmula anterior que se implementó en 2017 con la reforma previsional del macrismo contemplaba aumentos de haberes jubilatorios en función de la inflación y de los salarios, solo en 2017 las jubilaciones superaron la inflación anual. En 2018 se produjo un gran desfasaje, ya que los precios avanzaron 47,6 y los ingresos jubilatorios tan solo 28,5 por ciento. En 2019, los haberes crecieron 51,1 y los precios un 53,8 por ciento. El resultado: las jubilaciones quedaron 20 puntos por debajo del aumento de precios entre 2016 y 2019.

Créditos Casa Propia: Ferraresi destacó que “ya hay más de 40.000 familias edificando su vivienda"

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat subrayó que “el protagonismo del Estado vino a dinamizar la actividad económica”, y puntualizó que “hoy tenemos el índice de desempleo más bajo de los últimos cinco años”, en alusión al 7% de desocupación al término del cuarto trimestre del año pasado, informado por el INDEC.

El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, destacó ayer que “ya hay más de 40.000 familias edificando su vivienda” a partir del programa de créditos Casa Propia, y destacó el rol del Estado en la baja del desempleo.

“En todo el país ya hay más de 40.000 familias edificando su vivienda con el apoyo de esta política pública”, indicó Ferraresi en su cuenta de la red social Twitter, tras otorgar créditos para la construcción a vecinos y vecinas de la localidad bonaerense de Avellaneda.

El ministro subrayó que “el protagonismo del Estado vino a dinamizar la actividad económica”, y puntualizó que “hoy tenemos el índice de desempleo más bajo de los últimos cinco años”, en alusión al 7% de desocupación al término del cuarto trimestre del año pasado, informado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Las cifras de recuperación del empleo en nuestro país son muy importantes. El rol del Estado como dinamizador de la demanda y la formación es fundamental. Estamos gestando a la Argentina de la producción y el trabajo”, remarcó.

El Gobierno lanzó el martes el programa Argentina Productiva 2030 que, entre sus objetivos, creará 2 millones de empleos en los próximos nueve años.

Moroni descartó un bono pero no la reapertura de paritarias "las veces que haga falta"

El ministro de Trabajo adelantó que solo aplicarán el bono si las paritarias fallan y manifestó que el objetivo del Gobierno es que los salarios le ganen a la inflación.

Claudio Moroni descartó por el momento la aplicación de un bono general para todos los trabajadores del sector privado que adelante las paritarias frente al avance de la inflación y adelantó que abrirán las negociaciones salariales las veces que sean necesarias para que los salarios le ganen a la suba de precios.

"Las paritarias van a reabrirse las veces que sean necesarias para que superen la inflación", afirmó Morini, quien descartó por el momento la aplicación de un bono para que los trabajadores no pierdan ante la inflación.

En declaraciones a El Destape radio, el funcionario explicó que para el Gobierno el mecanismo de distribución del ingreso es la paritaria y que en caso de que falle estudiarán alternativas entre ellas un bono. "Si no lo logra, el Estado verá que hacer", indicó. "Yo no descarto usar otra herramienta, si es necesario, lo haremos", aclaró con respecto a la utilización del bono.

“Si llega a haber un momento en que las paritarias se traben. El Gobierno hoy no ve esa situación pero si sucede el Gobierno va a aplicar las herramientas necesarias porque se mantiene la intención que el salario real crezca”, advirtió el titular de la cartera laboral.

La inflación volvió a acelerar en febrero y alcanzó el 4,7%. De esta manera, acumuló así un 52,3% de variación en los últimos doce meses y un 8,6 por ciento en los primeros dos meses del año. Lo que preocupa es la suba de los alimentos, principal consumo de los trabajadores, que aumentaron sólo en febrero un 7,5%.

Para Moroni, las paritarias le ganan a la inflación

El ministro de Trabajo señaló que “los primeros aumentos que se aplican en los primeros meses han rondado el 18 o el 21%. Sumado al 4% que los salarios superaron a la inflación en el año pasado, hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados”.

"Hoy no hay ninguna discusión paritaria trabada. No hay situaciones de conflicto, que es el síntoma cuando una paritaria se traba. Las paritarias le están ganando a una inflación del 50%, que es una situación bastante rara”, indicó.

“La negociación colectiva es una política activa y concreta. Estamos incentivando reaperturas paritarias aún antes que las partes las pidan. Si eso no funciona, lo vamos a modificar”, concluyó Moroni.

El ranking de las paritarias

• Aceiteros: 63%

• Peaje: 58% (revisión)

• Químicos: 58%

• Estatales: 54%

• Frutihortícolas de la UATRE: 53,25%

• Pasteleros: 53%

• Ferroviarios: 52% (revisión)

• Docentes: 45,4%

• AySA: 45%

• UOM: 45% en 3 tramos

• Universitarios: 41% en tres tramos

Más violencia contra Cristina: vandalizaron una estatua suya en Río Gallegos

Estaba en un paseo junto a la de otros expresidentes y fue la única destruida. La arrancaron de su pedestal y quedó tirada en el piso. Un hombre fue detenido y el gobierno de Santa Cruz repudió el ataque. El hecho se suma al ataque a su despacho en el Congreso y a la aparición de afiches agraviantes en la ciudad de Buenos Aires.

En otro hecho de violencia contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una estatua de ella que había sido emplazada en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, junto a la de otros ex presidentes, fue destruida y derribada esta madrugada. 

Por el hecho fue detenido un hombre, identificado por varios vecinos como el autor del hecho.

La estatua estaba colocada en la Plaza de la República, frente a la costanera de esa ciudad patagónica, en un lugar denominado Paseo de los Presidentes inaugurado el 18 de marzo último. 

Allí también hay esculturas de Raúl Ricardo Alfonsín, de Carlos Saúl Menem, de Fernando de la Rúa, de Néstor Kirchner y Miauricio Macri. La de Cristina fue la única vandalizada, y con tal grado de violencia que quedó arrancada del pedestal y tirada sobre el piso de la plaza, con algunos trozos y partes desperdigadas en los alrededores.

El sospechoso fue detenido in fraganti

Por el ataque a la escultura en Río Gallegos hay una persona detenida. Se trata de un hombre de 34 años que fue sorprendido in fraganti, alrededor de las 5 de la mañana, tras el llamado de varios vecinos a la policía.

El hombre fue alojado en la Comisaría Primera por orden del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, que dispuso la pesquisa de las cámaras de seguridad instaladas en la plaza y en las viviendas de alrededor.

El repudio del gobierno de Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz expresó "su más enérgico repudio a los hechos vandálicos y delictivos ocurridos anoche sobre la estatua de la ex presidenta ". A través de un mensaje publicado en Twitter, el Ejecutivo provincial sostuvo que “el sentido de la Plaza de la Democracia es homenajear y reafirmar que es posible el respeto y la pluralidad de opiniones e ideologías".

Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se sumó al repudio por ese ataque cuando llegaba al Centro Cultural Kirchner para participar de una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

"Los hechos vandálicos existen siempre lamentablemente y merecen siempre, como argentinos, nuestro máximo repudio", señaló la mandataria en declaraciones a la prensa.

En tanto, el director de Proyectos de la municipalidad local, Silvio Escobar, presentó una denuncia formal y sostuvo que, si bien aún no se estableció un vínculo entre el acusado y una organización política, el hecho vandálico “esto tiene una connotación política”.

“Fue la de Cristina la primera figura que fueron a atacar. Pero no se atacó a una figura ni a una gestión, se atacó al sistema democrático”, definió el funcionario durante una entrevista radial.

Una camioneta y la imprenta en la mira por los afiches agraviantes contra Cristina

Se identificó la empresa a la que pertenece uno de los vehículos utilizados para la recorrida. En las próximas horas se podría detectar el taller en el que se concretó la impresión.

Una de las dos camionetas que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad y que fueron usadas para pegar los carteles ofensivos contra Cristina Fernández de Kirchner pertenece a la empresa Geovías S.A., que se dedica al alquiler de vehículos. En tres causas judiciales distintas se está tratando de averiguar quién alquiló la Fiat Fiorino, patente LGY 025 o si la camioneta fue entregada por esa empresa para su uso permanente a un tercero.

En principio el vehículo lleva bastante tiempo circulando en la zona oeste del Gran Buenos Aires, dado que registra varias multas en esa zona y, además, según el seguimiento de las cámaras, entró a la CABA, para hacer la pegatina, desde el oeste del conurbano. Por ahora, se mantiene la reserva sobre si se utilizó documentación falsa o auténtica en el alquiler o, incluso, si la camioneta fue entregada como parte de una indemnización y la está usufructuando alguien para hacer trabajos sucios como el de los carteles.

Como es lógico, los primeros indicios surgieron de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, de la Ciudad de Buenos Aires. Eso permitió identificar dos camionetas, una de las cuales es la alquilada o cedida. La cuestión se está esclareciendo porque el vehículo está a nombre de Geovías S.A., empresa que tiene dos titulares, un hombre y una mujer, pero que estuvo en algún proceso de disolución. En verdad, debería haber más cámaras para seguirle el rastro a los vehículos, algo en lo que está trabajando la Policía de la Ciudad. El diagnóstico es que se pegaron entre 300 y 500 carteles, todos en el centro porteño, y tal vez alcanzó con las dos camionetas que aparecen en las imágenes.

En principio no sería difícil establecer qué imprenta realizó el trabajo: el listado de las empresas posibles, que pueden dar esa calidad, no supera las 20, pero además está claro que la imprenta que hizo los afiches admitió un texto de singular violencia, con una foto de CFK y la palabra asesina impresa debajo. En la investigación afirman que las próximas horas se podrá detectar el taller en el que se concretó la impresión. “En el gremio de los gráficos se conocen todos, así que tendremos algunos resultados rápidamente”, le dijo uno de los investigadores a este diario.

La colocación de los carteles

También la colocación permite sacar conclusiones. Fueron pocos carteles, pero usurpando las carteleras de las tres empresas dueñas de esos espacios en territorio porteño, las que lideran José Pepe Albistur, la de Orlando "Orly" Terranova y la de Gabriel Romero. No se pegaron afiches en paredes o en obras en construcción, sino directamente en las carteleras. La intención fue obtener repercusión, sembrar violencia dentro del Frente de Todos, con pocos carteles, en lugares muy visibles y que tendrían rápido impacto en los medios de comunicación.

En las cercanías de Cristina adelantaron que no reaccionarán a la agresión. No presentaron ni presentarán ninguna denuncia y no van a pedir ser querellantes. Tampoco le adjudican la responsabilidad a ningún sector ni mencionan a ningún sospechoso.

El caso de los carteles ya se investiga en tres causas judiciales. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentó en Comodoro Py porque considera que hubo una agresión a los tres poderes del estado, es decir que se trata de un hecho de implicancias federales. El expediente recayó en el juez Daniel Rafecas quien seguramente le dará vista al fiscal antes de pronunciarse. Por ahora, la calificación es averiguación de delito.

El ministerio público porteño, que encabeza Juan Mahiques, actuó de oficio y la causa -impulsada por el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro- recayó en el fiscal Mauro Tereszko. En este expediente es que se detectaron, a través de las cámaras de seguridad, los movimientos de las dos camionetas. La impresión es que el grupito que actuó está acostumbrado a hacer estos trabajos sucios en más de un municipio bonaerense, tal vez en contra de algunos intendentes. El ojo está puesto ahora en las dos camionetas y en la imprenta de la que salieron los afiches.

Un acto de violencia contra la democracia

El tercer expediente surge de la denuncia realizada por José Pepe Albistur, titular de Grupo Al Sur, que tiene la concesión de carteleras en la ciudad de Buenos Aires. 

El empresario, muy amigo del presidente Alberto Fernández, alegará que una parte de los carteles se pegaron por encima de los afiches de sus carteleras, pero a lo que se apunta es a delitos que de alguna manera incentivan la violencia contra la democracia.

La causa recayó en el juez Manuel De Campos y en el fiscal Leonel Gómez Barbella, que viene de hacer un notable trabajo en el expediente por el asesinato del joven jugador de Barracas Central, Lucas González.

Por Raúl Kollmann para Página/12

Cecilia Moreau dijo que le dio vergüenza escuchar a Beliz hablar sobre redes sociales

La vicejefa del bloque oficialista de Diputados criticó la iniciativa promovida por el titular del Consejo Económico y Social. “Da la impresión de estar desconectado de la realidad”, sentenció.

La crisis interna en el Frente de Todos no tiene fin. A las diferencias en torno al acuerdo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a la fría relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora se le suma una polémica propuesta en torno a los contenidos en redes sociales.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, explicó durante un encuentro del Consejo Económico y Social que el Gobierno tiene la intención de “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”. El anuncio generó una fuerte repercusión y críticas no solo de la oposición, sino también desde sectores de la coalición gobernante.

La vicejefa del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, salió al cruce del secretario de Asuntos Estratégicos y dijo que la desconexión con la realidad del funcionario es total. 

“Me dio vergüenza escucharlo a Beliz hablar del tema de internet. Dio la impresión de estar desconectado de la realidad”, enfatizó la legisladora en declaraciones al programa Crónica Anunciada, que se emite por FM FutuRöck.

Beliz dijo que desde el Consejo Económico y Social se impulsará un “pacto” para evitar que las redes sociales “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. Por sus dichos, desde la oposición salieron a rechazar cualquier intento del gobierno nacional de limitar o regular el uso de las redes sociales.

Desde la Casa Rosada debieron salir a aclarar sus dichos. Reconocieron que la expresión del funcionario no fue la mejor y que puede haber generado confusión, pero buscaron dejar en claro que no hay intención de regular las opiniones y contenidos que se suben a las redes sociales.

“Cuando vos hablas de la libertad de expresión tenés que tener en claro qué vas a decir porque rozar con todo es siempre complicado. La verdad es que me costó entender de qué hablaba Beliz; tiró un título confuso en un ámbito equivocado. La sensación de desconexión con la realidad es fuerte”, sostuvo Moreau.

Anunciaron el comienzo de otra fase de estudio de la vacuna argentina contra el coronavirus ARVAC Cecilia Grierson: será probada en seres humanos

En el estudio participarán voluntarios que tengan el esquema de vacunación contra la covid-19 completo. El anuncio fue realizado por Carla Vizzotti y Daniel Filmus. El inmunizante desarrollado por científicos del Conicet y del laboratorio Cassará ya demostró ser seguro en animales.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, anunciaron ayer a la tarde el inicio de la fase 1 en los estudios para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de producción nacional ARVAC Cecilia Grierson, que cuenta con financiamiento público. El inmunizante, que demostró ser seguro en animales, se aplicará en esta etapa de ensayos a seres humanos.

“La ANMAT aprobó la realización de la fase 1 de la vacuna en un trabajo que lleva mucho tiempo y mucha articulación y que es parte de esta sinergia (entre distintas áreas) que venimos comentando con mucho orgullo”, destacó Vizzotti en una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Ciencia junto a la investigadora Juliana Cassataro; el rector de la Universidad de San Martín (Unsam), Carlos Grecco, y el titular del laboratorio Cassará, Jorge Cassará.

Según detalló la ministra, "el 31 de diciembre se presentó el expediente (ante la ANMAT) para evaluar el ensayo clínico, hasta el 2 de marzo se generaron las evaluaciones y observaciones y el 23 de marzo con la respuesta satisfactoria de los investigadores e investigadores se aprobó el estudio".

"Estamos en un momento histórico", celebró la funcionaria, ya que esta vacuna, que lleva el nombre de la primera médica argentina, permitirá al país tener inmunizantes nacionales para usar como refuerzo.

Se trata de una fórmula desarrollada por científicos del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH) de UNSAM-CONICET y del laboratorio Cassará que ya demostró ser segura en estudios preclínicos en animales. Según los resultados de esa instancia, finalizada en diciembre de 2021, ARVAC induce anticuerpos neutralizantes contra las variantes que circulan en nuestro país, así como respuesta celular T.

"En 2021 generamos todos los resultados necesarios que tienen que ver con estudios de seguridad en animales y con generar respuesta inmune. Con esos ensayos, se demostró que la vacuna induce muy buena respuesta de anticuerpos contra todas las variantes que circulan en nuestro país. También hicimos unos ensayos en Estados Unidos de desafío de darle a los animales el virus y vimos que los animales no tenían la enfermedad", precisó Juliana Cassataro.

Las y los participantes de esta nueva fase de la investigación serán personas sanas vacunadas con el esquema completo, dado que la vacuna estuvo pensada desde su creación como un refuerzo.

El proyecto de desarrollo de esta vacuna requirió una inversión inicial de 7.200.000 pesos que después tuvo un refuerzo de 60 millones en la etapa siguiente.

ARVAC Cecilia Grierson

La ARVAC es el primer desarrollo argentino de una vacuna de segunda generación, es decir, fórmulas dirigidas a las nuevas variantes del virus que utilizan plataformas de producción más seguras, escalables y accesibles.

La vacuna ARVAC utiliza tecnología de proteínas recombinantes, que se emplea en otras vacunas conocidas como la de Hepatitis B o la de HPV. Se basa en producir y purificar una proteína que forma parte del virus SARS-CoV-2 y que, introducida en el organismo, actuará como antígeno contra el cual el sistema inmunológico de las personas desarrollará anticuerpos.

En el caso de ARVAC, esa proteína es la porción de la proteína Spike con la que el virus hace contacto y entra en las células humanas. Los anticuerpos generados específicamente se adhieren a esa zona del virus y bloquean su ingreso a las células.

La tecnología de proteína recombinante permitiría, de ser necesario, en apenas tres meses adecuar la vacuna contra nuevas variantes que podrían circular y generar escape inmunológico.

Coronavirus en Argentina: se reportaron ayer 27 muertes y 2.965 nuevos contagios

Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.035.127, mientras que los fallecimientos suman 127.997.

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer a la tarde que en las últimas 24 horas se registraron 27 muertes y 2.965 nuevos contagios de Covid-19. 

Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.035.127, mientras que los fallecimientos suman 127.997.

Del martes al miércoles se realizaron 35.001 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 8,47%. Este porcentaje se ubica por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

En este momento hay 50.413 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.856.717.

Por otro lado, de las 27 muertes reportadas ayer, 16 fueron hombres y 11 fueron mujeres. La provincia de Buenos Aires fue la que más decesos registró con 10 fallecidos. La siguió Santa Fe con 9.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 541 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,1%.

De los 2.965 nuevos contagios, 1.076 fueron de la provincia de Buenos Aires; 440 de CABA; 9 de Catamarca; 14 de Chaco; 39 de Chubut; 14 de Corrientes; 287 de Córdoba; 41 de Entre Ríos; 25 de Formosa; 5 de Jujuy; 43 de La Pampa; 3 de La Rioja; 39 de Mendoza; 311 de Misiones; 47 de Neuquén; 34 de Río Negro; 9 de Salta; 4 de San Juan; 64 de San Luis; 72 de Santa Cruz; 133 de Santa Fe; 2 de Santiago del Estero; 4 de Tierra del Fuego y 250 de Tucumán.

Córdoba anunció el cierre de los vacunatorios masivos y centros de testeo de Covid-19

Desde el 1º de abril, se levantarán los grandes establecimientos creados para la pandemia. La vacunación preventiva continuará de manera descentralizada.

En un símbolo de retirada de la emergencia sanitaria, el gobierno de Córdoba anunció el cierre de los centros de hisopados y los vacunatorios masivos construidos para prevenir la propagación de coronavirus.

Desde mañana, viernes 1º de abril, los centros masivos cordobeses conocidos como “Orfeo”, “Pabellón Argentina” y del Centro de Convenciones se cerrarán ante la mejora de la situación epidemiológica. Se trata de los establecimientos específicos montados para la campaña de Covid-19.

La vacunación preventiva del coronavirus continuará, de esta manera, a nivel descentralizado en los vacunatorios de los 800 hospitales provinciales y municipales, y en la red de farmacias adheridas al dispositivo sanitario.

Los centros de hisopados también transitan por un progresivo desmantelamiento. Según se anunció, el centro del Parque de la Naciones cerrará este 31 de marzo. Es el último lugar de testeos para Covid-19 que mantenía habilitado el Gobierno de Córdoba.

La municipalidad de la capital provincial actualmente cuenta con unos 12 centros de hisopados, pero en principio solo dejará cuatro abiertos hasta este 30 de abril, cuando analizarán la conveniencia o no de este servicio en pandemia, según informó el pasquín macrifascista La Voz del Interior.

“A fines de abril evaluaremos si es necesario que sigan funcionando estos cuatro. No sabemos qué puede pasar en este invierno”, indicó el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff.

A nivel nacional ya no se recomienda que todas las personas se testeen, sino solo cuando la persona tiene síntomas. El coronavirus ahora pasó a formar parte de las enfermedades que se vigilan durante el invierno. El foco está puesto en los pacientes de riesgo y en las infecciones respiratorias agudas en el primer nivel de atención de la salud.

La jefa del Área de Epidemiología de Córdoba, Laura López, sostuvo que la estrategia de centros masivos “nos permitió avanzar rápidamente con la inmunización contra el coronavirus sobre un gran porcentaje de la población”, pero que desde noviembre del año pasado, arrancó “una descentralización de la inoculación para brindar una mayor accesibilidad”.

De esta manera, la vacunación contra el Covid-19 seguirá en los establecimientos habituales de inoculación, con la intención de que las personas cumplan con el esquema regular del calendario de vacunación que fue postergado por la pandemia.

En el esquema previsto de inoculación, se podrá iniciar o completar las dosis de antitetánica, HPV para niños y niñas o la vacuna contra la gripe. Esta última, de acuerdo con el plan progresiva de inoculación, que actualmente avanza sobre personal médico y niños y niñas de 6 a 24 meses de edad.

En el último mes, la provincia de Córdoba dejó de publicar el informe diario de casos de coronavirus, en otra señal de retirada de la pandemia. El dato diario de nuevos casos se puede consultar en el sitio web, pero ya no hay un detalle de la cantidad de testeos realizados. El último reporte se difundió el 15 de marzo pasado.

En ese marco, Aleksandroff reconoció que la demanda de hisopados ha bajado mucho y que, entre el sábado y el domingo pasados, los centros municipales realizaron 1.326 test y detectaron 42 positivos, cuando en el pico de los contagios se realizaban hasta 10 mil pruebas diarias.

La expectativa de las autoridades sanitarias es reforzar la inmunización de tipo antigripal y de otro tipo de infecciones. “Venimos haciendo una campaña para aplicar la vacuna doble viral (sarampión y rubeola) en virtud de los focos de sarampión que se están dando en América Latina”, afirmó el funcionario, luego de que esta semana se conociera un caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades sanitarias destacaron el rol de la red de farmacias en la capital provincial y en el interior, que ya llevan aplicadas 123.500 dosis colocadas en toda la provincia, distribuidas actualmente en 158 farmacias; 81 en capital y 77 en el interior.

Del total de dosis colocadas desde el inicio en estos dispositivos en enero pasado, un 80% corresponde a dosis de refuerzo. Además, el 73,6 por ciento son inoculaciones a personas de entre 18 y 59 años, mientras que un 12,3 por ciento son a menores de entre 3 y 17 años.

Por diferencias con Morales, renunció el ministro de Gobierno de Jujuy

El dirigente peronista Oscar Agustín Perassi dimitió por pedido del gobernador de la provincia, luego de pedir mayor participación en la toma de decisiones en la coalición gobernante.

Oscar Agustín Perassi renunció ayer al cargo de ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy por pedido del gobernador fascista Gerardo Morales, luego de reclamar "mayor participación" en la coalición que administra la provincia.

Perassi indicó en una conferencia de prensa realizada este miércoles que mantuvo una reunión con el Morales el lunes pasado, y que en esa oportunidad el carcelero de Milagro Sala le manifestó que como era funcionario del Gobierno "no correspondía que hiciera esas declaraciones".

“En una entrevista televisiva la semana pasada me preguntaron cómo estaban las relaciones entre el radicalismo y el Frente Primero Jujuy en el Gobierno y manifesté que nos sentíamos, como decía el gobernador Morales por el PRO y el radicalismo, como un furgón de cola. No estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados”, expresó.

Respecto a una eventual reforma de la Constitución provincial, recordó que “hace años cuando era integrante del bloque (de diputados) del justicialismo en el 2005 se intentó la re-reelección de (Eduardo) Fellner” como gobernador y se opuso.

“La Constitución no debe modificarse para persona alguna. Lo dije en el 2014 y se lo dije a Gerardo (Morales) en el 2016 y 2017. Él estaba de acuerdo con eso y lo vuelvo a decir ahora por algunos rumores sobre que ya se estaba arreglado el tema de una posible reforma”, indicó.

Protesta piquetera en reclamo de alimentos y puestos de trabajo

Los grupos sociales, nucleados en la denominada Unidad Piquetera, se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social, en donde se instalaron por dos días. Un cordón de la Policía de la Ciudad impidió que avance un grupo que se concentró en Retiro.

Organizaciones sociales realizan un acampe por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de un amplio abanico de reivindicaciones sectoriales, con eje en la asistencia alimentaria a comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo, entre otros puntos.

Los grupos sociales, nucleados en la denominada Unidad Piquetera, se concentraron en horas del mediodía de ayer en las inmediaciones de Plaza Constitución y en Retiro, donde un cordón de la Policía de la Ciudad les impidió avanzar.

Los manifestantes -integrantes del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde)- se reunieron además en las esquinas de las avenidas 9 de Julio y San Juan; 9 de Julio y Avenida de Mayo y en las inmediaciones del Obelisco porteño.

De esta forma, las organizaciones piqueteras ratificaron el llamado a un "plan de lucha nacional", con un acampe por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de creación de "1.200.000 puestos de trabajo" y asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió el lunes a dirigentes de estas organizaciones, con quienes acordó que "presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo", mientras la cartera de Estado "financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas y un refuerzo para las políticas", informaron a Télam fuentes oficiales.

Asimismo, desde la cartera de Desarrollo Social se confirmó que se implementará un "refuerzo para las políticas alimentarias", añadieron las fuentes, quienes consideraron que se trató de "una buena reunión en la que se acordaron dos de los cuatro puntos tratados por las organizaciones, que decidieron mantener el plan de lucha que habían votado a principios de marzo en un plenario realizado en Plaza de Mayo.

Voceros de Desarrollo Social indicaron que no hubo acuerdo sobre el "alta de nuevos planes sociales y que se levantara la suspensión del cobro de los beneficios que reciben las dos personas que fueron detenidas por tirar piedras al Congreso cuando en Diputados se iniciaba el debate sobre el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida de protesta está respaldada además por agrupaciones como la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento por los Pueblos, el Movimiento de Unidad Latinoamericana, Barrios de Pie/Libres del Sur, el MST Teresa Vive y una fraccíon del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) también formarán parte de la manifestación.

Revés judicial para los agrogarcas: rechazan un amparo contra las retenciones

Desde la Suciedad Rural de Río Cuarto pedían que se las declare inconstitucionales. Se debe a que ante el rechazo del Presupuesto 2022, consideraban que no son legales.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, rechazó la acción de amparo de la Suciedad Rural de esa ciudad contra el Estado Nacional, que pedía la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios -retenciones- a partir del 1º de enero del año 2022.

Se trata de una acción de Amparo Colectivo, planteada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, Sociedad Rural de Adelia María y Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres (Vicuña Mackenna).

Cuestionaron también cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se condene al Estado a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que cese con su reclamo y percepción.

La entidad ruralista consideraba que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

El juez federal consideró que en el caso no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo dado que la Suciedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial, según el fallo publicado por el sitio Palabras del Derecho.

El rechazo fue “in limine”, ni siquiera trató la acción, ya que no se reconoció legitimación activa a los accionantes como para interponer el amparo.

“Se observa falta de claridad en torno a uno de los pilares en que se asienta el proceso colectivo, esto es el colectivo involucrado, que por su generalidad abarca situaciones disímiles que no permiten razonablemente considerar un efecto común sobre ellas que habilite la canalización de su pretensión en una Acción Colectiva. Así se presenta un nivel de generalización con la consecuente heterogeneidad de situaciones, que imposibilitan su calificación bajo la naturaleza jurídica del proceso colectivo que pretenden los amparistas”, sostuvo el juez.

“Como se aprecia, claramente cobra inconsistencia la invocación de representación de “todos los productores agropecuarios del país” contenida en el libelo inicial. Es decir, además de la heterogeneidad señalada, tampoco está claro el ámbito espacial y sectorial que se pretende abarcar, desde que habría productores nucleados en otras asociaciones”, advierte el fallo.

Fuente: nota de Vanesa Petrillo para Ámbito.com

La AFIP embargó por una cifra millonaria a Batistuta, quien se había negado a pagar el impuesto a las grandes fortunas

Por medio de un comunicado, la AFIP, a través del Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dio la orden que se vacíen todas las cuentas del ex goleador de la Selección Argentina para cobrarse 3.853.341,66 pesos.

El ex futbolista Gabriel Batistuta sufrió un embargo de más de cuatro millones de pesos por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debido a que no pagó aportes al ente recaudador.

Por medio de un comunicado, la AFIP, a través del Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dio la orden que se vacíen todas las cuentas del ex goleador de la Selección Argentina para cobrarse 3.853.341,66 pesos.

A dicho monto se le suma un 15 por ciento en concepto de intereses y cuotas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Período Fiscal 2021, el cual venció el 13 de octubre y el 13 de diciembre, ambos en el 2021 y aportes y contribuciones sociales.

El "embargo preventivo" será "hasta cubrir la suma reclamada más lo presupuestado para intereses y costas", por lo que el sorete deberá "acreditar documentalmente" el proceso en el término de cinco días hábiles.

"Asimismo, trábese embargo preventivo sobre fondos y valores de titularidad de la demanda, por vía SOJ Bancos (Comunicación "A" 4422 BCRA), hasta cubrir la suma reclamada con más lo presupuestado para intereses y costas, debiendo acreditar documentalmente el/la Representante del Fisco, en el término de cinco (5) días hábiles la traba del embargo, siendo también de aplicación en autos los dispuesto en el Título VII - Procedimiento Tributario- de la Ley 27430, art. 174 siguientes y concordantes", aseguró la AFIP en la orden de embargo.

Además, se "deberá acreditar cada retención de fondos informada por las entidades bancarias, en el mismo término, a contar desde que la misma se produjo, bajo apercibimiento de ley". En caso de que se efectivice la medida, "los fondos retenidos deberán ser transferidos a una Cuenta Judicial que se abrirá en Banco de la Nación Argentina Sucursal Reconquista a la orden del suscripto y para estos autos".

Batistuta había realizado el año pasado una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, según el expediente 10.380. De esta manera el garca hijo de puta se sumó a una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

Aquella decisión había sido cuestionada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista (SITRAM), la ciudad natal del ex futbolista, que consideró que "no devuelve con la misma moneda el reconocimiento" de esa localidad santafecina. De hecho, Batistuta tiene una estatua en la plaza principal de la ciudad.

Salió la edición nº 533 de Garcas

 

Alberto y su autocrítica por la inflación: "Del 50%, 10% son por la guerra y el resto son nuestros, hay que revisarlo"

El presidente encabezó el acto de relanzamiento del Consejo Económico y Social en el CCK, en donde pidió “darle una oportunidad al diálogo”. En su exposición destacó el rol de Roberto Feletti.

Alberto Fernández pidió ayer “dale una oportunidad al diálogo para construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias”, habló de hacer “terapia de grupo” y consideró que “el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación”. Lo hizo al encabezar el relanzamiento del Consejo Económico y Social que se presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Vamos en el camino correcto, en materia económica tenemos un modelo que hemos sometido al Congreso, ya sabemos donde queremos ir”, afirmó el mandatario durante su discurso, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el ministro de Producción, Matías Kulfas, entre otros dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas.

En su exposición, Alberto destacó el rol de Roberto Feletti para combatir la inflación. “No esperen de nosotros ni ajustes ni retracción de la economía; seguimos creciendo con criterios de igualdad, el trabajo crece, pero no logramos que la distribución sea más justa, pero eso es por que la inflación mete la cola. No es un problema de un presidente, sino de una sociedad que pueden recuperarse, tiene todas las condiciones”, aseguró.

Por otro lado, habló sobre la reunión que mantuvo antes de ayer con representantes de la CGT y la UIA. “Hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon, por qué una vez no probamos de sentarnos en una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución dialogada”, planteó.

En relación a la inflación, aseguró que sólo “el 10% es producto de la guerra, pero hay un 40% que es nuestro, eso hay que revisarlo, está mal y nos daña a todos. Hay que garantizar el consumo de nuestra gente para que el capitalismo siga vivo”, consideró.

A modo de superar los cuestionamientos internos de las últimas semanas, el jefe de Estadoz defendió el acuerdo con el FMI y habló de un momento “fundacional”. 

“Antes el escenario no estaba dado: primero tuvimos que resolver el problema de la deuda, era difícil proyectar el futuro; había que despejar esos problemas para poder pensar en el futuro. Ahora tenemos claro dónde está el horizonte”, sostuvo.

Previamente fue el turno de Massa, que también buscó reforzar la idea de la necesidad de lograr diálogo y unidad. “La pelea, la división, nos transforma en amigo y enemigo sin escuchar las razones, y superar esa idea de la argentina dividida para pasar a acuerdos es una responsabilidad de todos”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Kulfas sostuvo que “el sistema productivo se está poniendo nuevamente de pie”, al presentar la unidad ejecutora Argentina Productiva 2030, que tendrá como tarea “elaborar y monitorear la implementación” de un plan de desarrollo que entre sus principales objetivos aspira a generar 2 millones de puestos de trabajo, reducir en 9 millones la cantidad de pobres y crear 100.000 empresas formales.

”Es el momento adecuado para lanzar este plan”, remarcó el funcionario durante su discurso, y anticipó el programa inicia en 15 días y que su tarea “trasciende la tradicional planificación sectorial”, para pasar a ser “coordinado y participativo” junto a “actores productivos, del trabajo, la sociedad civil, provincias y municipios”.

El otro funcionario que tomó la palabra fue Beliz. ”La Argentina de lo posible se ensancha todos los días con la inventiva popular que apunta a mejorar desde la amistad social y el trabajo silencioso que busca tejer armonía comunitaria y no con peleas crónicas ni emociones provocadoras, que generan discordias y dividen”, sentenció.

Al cerrar su discurso, advirtió que “si la consigna es ojo por ojo, la Argentina quedará ciega. Amor social e inteligencia colectiva”.