La imputación de 43 padres por las tomas en ocho escuelas, ocurridas el año pasado, es "desconocer a los chicos como sujetos de derecho", señalaron expertos.
El fiscal de la ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian, que imputó a 43 padres de chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado, argumentó que los progenitores son responsables por conocer las conductas de sus hijos y no haber impedido que tomaran las escuelas. Si un juez determina que cometieron una contravención, podrían llegar a pagar multas de hasta 10 mil pesos o ser obligados a realizar "trabajos de utilidad pública".
Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), consideró que la imputación es "una aberración" y viola derechos constitucionales como la libertad de expresión.
"Es una medida absurda. Es desconocer a los chicos como sujetos de derecho", dijo Schulman y recordó que los adolescentes son "ciudadanos que tienen todos los derechos y un plus por ser menores de edad", por lo que tienen derecho a expresarse libremente y manifestarse. "Es lo que dicen el Código Civil y la Constitución", explicó.
La directora ejecutiva de Casacidn sostuvo que las tomas de colegios son las formas que tienen los adolescentes para manifestarse sobre temas que les competen. Los hijos de los padres imputados son alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña; la Escuela Normal Superior N°6 Vicente López y Planes; el Mariano Moreno; la Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken, y la Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes. Todos los establecimientos fueron tomadas durante los dos días previos al tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. "Los chicos salen a manifestarse o lo hacen dentro de la escuela, que es el lugar donde se desarrollan". afirmó.
Según explicó el fiscal Rolero Santurian en una entrevista radial, "lo que se imputa es la comisión de una contravención" prevista en el artículo 57 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, que establece que será sancionado "quien impida u obstaculice intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o privados".
El fiscal afirmó que durante las tomas de colegios fueron "damnificados" los alumnos que "habiendo querido participar normalmente del dictado de clases no pudieron hacerlo".
Por su parte, Schulman señaló que las tomas son decisiones votadas por los alumnos en asambleas, y que no se puede culpar a los padres por las medidas tomadas. "Nadie es culpable por las acciones de otras personas", aseguró y agregó que los adolescentes "pueden tomar una medida sobre algo que afecta sus propios intereses. No son de jardín de infantes, tienen capacidad para tomar algunas decisiones".
Debido a que los menores de 16 años no son punibles, Rolero Santurian dijo que imputó a los padres que sabían que sus hijos participaron de las tomas y "no realizaron ninguna conducta para impedir que sus hijos llevaran adelante esta conducta".
"Estas dos situaciones, el conocimiento y la falta de voluntad para llevar algo adelante, es lo que constituye el núcleo central de la imputación en materia penal", manifestó el fiscal.
"Es una locura jurídica", aseguró Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad, y explicó que, en materia penal, está prohibido "sancionar a alguien por el acto de otro". Schulman se expresó en la misma línea y sostuvo que "los padres no son culpables por los hechos que han cometido sus hijos. No se puede tomar a los adolescentes como un objeto de sus padres".
Las imputaciones responden a la implementación del protocolo antitomas impulsado por el Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña. El protocolo establece que, en el caso de que los alumnos tomen un colegio, los directivos deben llamar a los padres y pedirles que retiren a sus hijos del establecimiento. Schulman opinó que las imputaciones forman parte de "un marco de políticas de seguridad represivas".
"Cada vez se reprimen más cosas y se culpa a la gente por lo que pasa en este Gobierno. Atacan a los chicos, que son los más vulnerables, a través de los padres. No tiene sentido", afirmó.
Según Duacastella, en lugar de hacer uso de un "mecanismo disciplinario", el Estado debería convocar a una mediación comunitaria prevista por la ley 3055. "Se involucra a toda la comunidad educativa y la solución beneficia a todos. Está prevista en una ley que no aplicaron y prefieren la sanción penal. Creo que antes de llegar al sistema penal, hay que agotar cualquiera de las otras vías", opinó.
Los padres están citados el 18, 19 y 20 de marzo para comunicarles que están imputados. A partir de ese momento, deberán designar un abogado particular o pueden recibir la asistencia de la Defensa Pública.
Fuente: nota de Ludmila Ferrer para Página/12
