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sábado, 1 de septiembre de 2018

Rodríguez Larrata avanza con el estacionamiento pago en la ciudad de Buenos Aires y da más concesiones a las grúas

El jefe de Gobierno quiere pasar de 4.000 a 80.000 los lugares de estacionamiento medido en Capital Federal. Esta semana le entregó a las concesionarias 11 playas de infractores. Quejas de la oposición.



A pesar de las feroces críticas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, avanzó con la decisión de ampliar el estacionamiento pago en la ciudad de Buenos Aires y se consolida el perfil recaudatorio de las medidas que regulan el tránsito en la Capital Federal. 

Al aumento de 37% en las multas de esta semana, ahora el oficialismo en la Legislatura impuso modificaciones al texto de la Ley 5.728 de Estacionamiento Regulado que incrementarán las arcas porteñas. Con 34 votos a favor y 25 en contra, el bloque de Vamos Juntos autorizó la entrega de 11 playas de estacionamiento para las empresas concesionarias del servicio de acarreo por cinco años. Los predios públicos se utilizarán como playas de infractores, donde se alojarán los vehículos en falta. 

La iniciativa del oficialismo propone dividir la Capital Federal en cinco zonas, donde cada concesionaria tendrá al menos una estación. Hoy, las dos prestadoras STO y SEC brindan un servicio con permisos precarios, vencidos en 2001 y prorrogados una y otra vez, y pagan un canon a la Ciudad de apenas $ 55.000 por mes, cuando en ese mismo tiempo realizan unos 14.100 acarreos y tiene a disposición 214 agentes de tránsito, con salarios abonados por el Estado capitalino de hasta $ 19.500. 

El servicio nuevo será adjudicado por licitación. Por ahora, un amparo judicial del juez Francisco Ferrer lo frena. La cautelar la presentó Gustavo Desplats, de La Alameda, quien impugnó la sanción de la norma en 2016, porque al ceder terrenos debía ser aprobada por mayoría especial, de 40 votos, y solo recibió 33. En su sentencia, Ferrer determinó que tres artículos debieron aprobarse con doble lectura y trabó el concurso de ofertas.

Desde la oposición alertaron que Rodríguez Larrata lo único que quiere es aumentar la recaudación. "Más del 40% de la Ciudad estará con parquímetros y el 100% con grúas. Por esta política pública se pasará de 4.000 a 80.000 lugares de estacionamiento medido", denunció Sergio Abrevaya, del GEN. 

El legislador de Margarita Stolbizer cuestionó la decisión de convertir las zonas residenciales en garajes a cielo abierto. "El estacionamiento medido es sólo aplicable a las centralidades barriales y al micro y al macrocentro, y no registra razonabilidad en los barrios donde la demanda del estacionamiento transitorio es muy baja", se quejó.

Otro de los que se oponen a la ley es el socialista Roy Cortina, quien criticó "el perfil netamente recaudatorio del proyecto" del macrifascismo y afirmó que "se desconoce que al menos dos de las playas de acarreo estarán en zona de Urbanización Parque", en referencia las playas de Colegiales, ubicada en un terreno entre Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo; y la de Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery, en Chacarita. Esas zonas solo podrían destinarse a espacio verde.

Este es el listado completo de los estacionamientos de infractores habilitados: 

· Estación Parque Chacarita ubicado sobre la avenida Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery. 
· Conesa: entre las calles Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo. 
· Obelisco Sur: playa subterránea situada bajo la av. 9 de Julio, entre Perón y Mitre. 
· Tacuarí: entre las calles Tacuarí, Cochabamba, Bernardo de Irigoyen, y av. San Juan. 
· Quinquela Martín: la parcela entre Quinquela Martín, av. Herrera y av. Hornos. 
· Couture: el sector delimitado entre Eduardo Couture y Facundo Quiroga. 
·  Dávila: parcela entre las calles Dávila, Zuviría, Thorne y av. Eva Perón. 
·  Cazadores-Artilleros: el sector delimitado entre Artilleros, Cazadores, Echeverria y Juramento. 
·  Pueyrredón: parcela entre Obispo San Alberto, Franco y Bolivia. 
·  Barragán: entre las calles Barragán, Bynon, Gallardo y av. Reservistas Argentinos. 
·  Rivadavia: el sector delimitado entre Ramón Falcon, White, Donizetti y av. Rivadavia. 

La peronista María Rosa Muiños advirtió por "inconsistencias" en el mapa de tarifas sobre 195 calles que pasarán a ser medidas y criticó que la Comisión Evaluadora de las ofertas para la concesión está integrada por tres legisladores del oficialismo. "Este marco podría volver a sufrir un amparo", subrayó. 

Por su parte, el radical Marcelo Guouman, de Evolución, dijo que "las modificaciones no logran superar los vicios de inconstitucionalidad" y anunció su postura negativa. 

El diputado de MC Marcelo Depierro aseguró que la ley no da una respuesta a las dudas y planteos de los vecinos. "¿Por qué les tenemos que dar las playas? Que las compren, que se hagan cargo de lo que significa ser un concesionario, sino siempre les estamos dando facilidades y no les exigimos nada", indicó.

Para Gabriel Solano, del FIT, la propuesta de Rodríguez Larrata es un "gran curro ilegal e inconstitucional". Según el legislador de izquierda, la cantidad de lugares pago se incrementará del 0,7% al 36%. El zamorista Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, también se manifestó en contra por "el carácter privatista y confiscatorio que tiene el proyecto", al igual que Myriam Bregman, del PTS-FIT. "¿Quieren multiplicar por 1.000 a 'Bombita' Darín?", se preguntó exultante la diputada, en referencia al personaje de la película Relatos Salvajes, que hace estallar un estacionamiento de infractores. 

Desde Unidad Ciudadana propusieron un texto alternativo. "Los poderes Ejecutivo y Legislativo han intentado y fracasado en terminar con una concesión vencida que mantiene como rehén al sistema de estacionamiento regulado y grúas, y no resuelve los problemas de tránsito. Se han buscado distintas estrategias para lograr finalizar las concesiones y poner en funcionamiento un nuevo sistema de estacionamiento regulado, pero lo único que se ha logrado es que las concesiones continúen prestando un servicio deficiente y poniendo al Poder Ejecutivo como incumplidor de las leyes", coincidieron Lorena Pokoik y Javier Andrade, de la primera minoría. 

La kirchnerista Paula Penacca remarcó que los afectados son los ciudadanos. "Quienes ganan son estas dos empresas que manejan el negocio hace 28 años. Lo único que se vuelve a discutir en esta Legislatura es de qué manera se le da el negocio a esas dos empresas, que encima tienen un servicio cada vez más deficiente", enfatizó.

Los defensores de la propuesta, Cristina García, Diego García de García Vilas y Maximiliano Ferraro, de Vamos Juntos, destacaron las virtudes y beneficios del nuevo sistema. 

La informante del proyecto García aclaró que los predios son "herramientas necesarias" para las contratistas y agregó que las "mejoras" quedarán para el régimen. Ferraro dijo que es una ley "aclaratoria" que reviste como concesión de servicio público y negó que sea un "acto de posesión" de dominio público. "No hay que confundir utilidad pública con dominio público", recalcó. 

Fuentes parlamentaria recordaron que la cesión de los 11 estacionamientos se aprobó en una primera lectura. Todavía falta que Rodríguez Larrata convoque a una audiencia pública para escuchar a los vecinos y, luego, una segunda lectura en otra sesión. Desde la oposición anticiparon que si bien un juez ya frenó la ley por no exigir los 40 votos necesarios para estos proyectos, el macrifascismo volvería a fijar un piso de 31 legisladores mínimos para incrementar exponencialmente el estacionamiento pago en la ciudad de Buenos Aires.

viernes, 22 de junio de 2018

La Justicia frenó la ampliación del estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires sufrió un revés en su intención de expandir a más barrios el polémico sistema de estacionamiento medido, luego de que la Justicia falló en contra al declarar inconstitucional varios artículos de las leyes aprobadas por la Legislatura. 


El fallo de Francisco Ferrer, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, hizo lugar a un amparo presentado por la ONG Proto Comuna Caballito y declaró inconstitucionales los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 5728, conjuntamente con sus Anexos, "en tanto contemplan supuestos alcanzados por el artículo 89, incisos 1, 4 y 5 de la Constitución" de la CABA porque estos debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura exigible.

En diciembre de 2016 la Legislatura aprobó la concesión por 10 años del Sistema de Estacionamiento Regulado. La votación fue 33 votos a favor sobre un total de 60 legisladores con que cuenta la Cámara. Pero un contribuyente cuestionó la sanción al entender que la norma debía ser aprobada por los dos tercios del total y con la realización obligatoria de una audiencia pública.  El juez le dio la razón al reclamo por lo que frenó la llegada del sistema a más barrios. 

El servicio es controlado hoy por las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, cuyos contratos vencieron en 2001. Cada una de estas empresas concreta entre 10.000 y 12.000 acarreos mensuales 44% más que en 2013.

Sin embargo, a principios de este año el Gobierno porteño aprobó el llamado a licitación pública bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, de la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. La idea, además, es que se reemplacen los parquímetros por una app en el celular. 

La ley 5728 fue aprobada en 2016 con 33 votos a favor y planteaba autorizar la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de 10 años y proponía extender el esquema al 45 por ciento de las calles, incluyendo nuevos barrios como Almagro, Boedo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar o Constitución.

La Justicia a través de una sala de la Cámara de Apelación le había dado la razón al gobierno de la Ciudad en una situación anterior similar en 2014 y entendió que en este caso no era necesario cumplir con el proceso de doble lectura. según determinó el comunicado oficial.

Los tiempos legales dictaminan que si en un plazo de 18 meses, contados a partir de la promulgación de la frenada ley no se adjudicaba la concesión, el Poder Ejecutivo debía estatizar el servicio.

Los amparistas consideran que este plazo venció el 9 de junio pasado y consideran que la el gobierno debe asumir la prestación del servicio, aunque la postura oficial indicó que esa cláusula estuvo suspendida y que los plazos no vencieron.

De esta manera, esta medida suspende el proceso de licitación para la concesión del servicio en cinco zonas de la Capital Federal, ya que estaba previsto para el próximo 2 de julio la apertura de sobres para dar a conocer las empresas interesadas.