“Creo que tienen argumentos suficientes para avanzar en la justicia y es lógico que lo hagan”, sostuvo el ex funcionario, sobre el reclamo de Techint por el recorte en los subsidios que percibe.
Apenas cuatro meses después de haber sido desplazado de su cargo, el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, respaldó públicamente el reclamo que realizó Tecpetrol contra el Estado Nacional por los cambios que introdujo su sucesor, Gustavo Lopetegui, en la resolución 46/17 destinada a incentivar la producción no convencional de gas, los cuales impactaron de lleno en el nivel de subsidios que percibirá la petrolera del grupo Techint.
"¿Tecpetrol tiene razón en sus reclamos?", le preguntó un periodista del diario Río Negro en una entrevista publicada ayer. "Lo va a definir la justicia eso. Creo que tienen argumentos suficientes para avanzar en la justicia y es lógico que lo hagan. La solución que dio Dujovne va a hacer más lento el desarrollo del gas y se podría haber resuelto con una visión más productivista", respondió el ex integrante del "mejor equipo de los últimos 50 años".
Si bien Iguacel fue un activo defensor de los intereses de Techint mientras se desempeñó como secretario de Energía, su respuesta provocó sorpresa dentro y fuera del régimen porque el ex funcionario fue protagonista directo de la interna oficial sobre este tema y su declaración podría ser utilizada por la petrolera de Techint si finalmente se decide a presentar un reclamo judicial.
“Estoy convencido de que con algunas modificaciones razonables, en un contexto de coyuntura donde no había dinero, se podían posponer un poco los pagos y poner algún tope a los volúmenes (…). Respetando las reglas del juego a largo plazo, cosa que no se hizo y es en contra, entendiendo que hay una coyuntura pero negociándola, era una excelente salida y teníamos algo bastante lógico armado donde la mayoría estaba ok para hacerlo y se incorporaban más proyectos al programa”, aseguró Iguacel
El ex ejecutivo de Pluspetrol reveló además que, antes de ser designado secretario de Energía, Aranguren le había ofrecido ser CEO de YPF, pero rechazó la propuesta. “Hoy creo que hice bien porque me hubiera matado con (Miguel) Gutiérrez (ríe) por diferencias en el criterio de conducción. En YPF es como si sembraran 50.000 hectáreas teniendo un millón. Vivís como un rey con las 50.000 pero el potencial es muy grande”, disparó.
La historia de la resolución 46/17 comenzó en marzo de 2017 cuando el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren revisó el plan de gas implementado por el kirchnerismo en 2013 redireccionó los subsidios buscando apalancar solamente inversiones en campos con escasa o nula producción no convencional de gas. A los pocos días de publicada la nueva norma, Tecpetrol presentó su plan de desarrollo de Fortín de Piedra, un área que le había sido concesionada por la provincia de Neuquén en julio de 2016. Por lo tanto, toda la producción que ha venido generando desde entonces fue beneficiada con subsidios. Fue un programa a la medida de Techint.
El beneficio equivale a la diferencia entre un precio estímulo fijado por la autoridad regulatoria y el precio efectivo promedio de venta de gas en el mercado local. El precio estímulo el año pasado fue de 7,50 dólares por millón de BTU, unos tres dólares por encima del precio de mercado, y la resolución 46/17 prevé que se reduzca a 7 dólares este año; a 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.
La intención de Aranguren era que esa baja gradual fuera convergiendo con una suba del precio efectivo que paga la demanda por el gas hasta que la diferencia entre ambos valores desapareciera y con ella el subsidio. El plan inicial era desembolsar 600 millones de dólares el año pasado y 400 millones este año. Sin embargo, la fuerte devaluación del peso obligó al gobierno a forzar una baja en dólares del precio del gas en boca de pozo para que las tarifas no subieran tanto como hubiese correspondido con el esquema regulatorio actual. Esa baja del precio en dólares rompió con el sendero ascendente que había planeado Aranguren para los valores de mercado y amplió la brecha con el precio estímulo que le garantiza el Estado a los proyectos apuntalados por la resolución 46/17. Por lo tanto, en lugar de reducirse, los subsidios comenzaron a crecer. A su vez, Techint, la principal beneficiada por la norma, incrementó de manera notable su producción en Vaca Muerta. La firma declaró inicialmente como objetivo una producción de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) y hoy extrae cerca de 17,5 MMm3/día. A raíz de esa situación, Hacienda estimó a fines del año pasado, cuando Iguacel ya había desplazado a Aranguren, que en 2019 la resolución 46/17 podía llegar a demandar 1200 millones de dólares. Fue entonces cuando decidió recortar el beneficio para avanzar con el plan de déficit cero que le impuso el FMI, pese a la resistencia que planteó el secretario de Energía.
La intención inicial era reducir el precio estímulo para achicar la diferencia con el valor de mercado, pero grandes estudios de abogados consultados por el gobierno coincidieron en que una medida de esas características sería interpretada como un cambio en las reglas del juego y derivaría en una catarata de demandas por parte de las petroleras. A raíz de ello, se optó por el plan b, de alcance más acotado y que no afecta a todas las petroleras por igual sino fundamentalmente a Techint.
La decisión fue no introducir cambios en la norma, pero abonar solo el beneficio tomando en cuenta la producción estimada por las firmas al momento de solicitar el subsidio. Ese cambio de criterio impactó de lleno en los planes de Techint porque supone que solo se le subsidiará la mitad de la producción. Techint aseguró que la decisión oficial le significa una pérdida de ingresos de 5655 millones de pesos sólo por lo producido en 2018, pero la cifra en juego es mucho mayor porque el programa de incentivo al gas no convencional está previsto que continúe hasta 2021. A raíz de ello, realizó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Hacienda que el gobierno descartó el 1 de abril por improcedente. La compañía tiene 90 días hábiles para presentarse ante la Justicia y todavía no confirmó si va a hacerlo. Tal vez el respaldo de Iguacel le haya dado el envión que necesitaba para terminar demandando al Estado Nacional.
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