“¿Quién va a investigar el caso de Santiago en este Poder Judicial? No hay garantías de nada ni Estado de derecho”, explicó Sergio Maldonado y contó que fue al organismo "a presentar todas las pruebas de lo que hicieron algunos periodistas que iban mintiendo y atacando".
Sergio Maldonado habló sobre su presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No quiero ganarle un juicio al Gobierno, quiero saber qué le pasó a Santiago”,dijo al respecto.
“Como acá no tenemos a donde recurrir, fuimos a la CIDH a presentar todas las pruebas de lo que hicieron algunos periodistas que iban mintiendo y atacando”, explicó en declaraciones a El Destape radio. “¿Quién va a investigar el caso de Santiago en este Poder Judicial? No hay garantías de nada ni Estado de derecho”, agregó.
Sobre la presentación, recordó que “cuando Santiago estaba desaparecido veía cómo operaban los periodistas. En ese momento estaba concentrado en encontrar a Santiago. Pero ahora junté todo”.
En ese sentido, apuntó que “Carrió está junto con Iglesias y Santoro, que son los que estuvieron operando y diciendo barbaridades sobre Santiago. También ministros como Avruj, Bullrich y el propio Macri”.
Luego añadió que “cuando se terminó la causa, Bullrich salió a decir que se había acabado el relato, como si Santiago no hubiera muerto por la acción de Gendarmería”.
También advirtió que “siempre pedimos que se peritaran los billetes que Santiago tenía en el bolsillo y estaban intactos. No lo hicieron”.
Además, Sergio subrayó que “hay muchos más casos como el de Santiago que pasan desapercibidos y donde se ve también la saña del Gobierno” y añadió que “nos siguen pegando porque están preocupados, porque algo hicieron mal”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Congreso un informe crítico de "la criminalización absoluta" del aborto, celebrado por los diputados que intentarán el miércoles aprobar una ley que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El informe fue solicitado por el diputado macrifascista Daniel Lipovetzky, promotor del proyecto presentado el jueves que mañana buscará dictamen para llevarlo al día siguiente al recinto.
El organismo hace foco en varios tópicos tratados en los dos meses de audiencias públicas en Diputados, para concluir en que la criminalización absoluta del aborto "impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna".
Asimismo, advierte a los Estados de América Latina que "la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes".
En la primera parte relativiza la tesis de que la vida comienza desde la concepción, utilizada por la mayoría de los detractores a la ley. "Las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida", señala.
La declaración fue celebrada por los diputados que empujan la ley y pasaron el fin de semana llamando colegas para acercarse a un triunfo que no parece fácil.
Unidad Pro Vida, una ONG que milita en contra de la ley y para este domingo organizó actos masivos contra el aborto, difundió un punteo que los daba ganadores con 130 votos, o sea, uno más que la mitad más uno del recinto, una cifra que, de sostenerse, sería definitiva.
Sus rivales hasta el viernes admitían estar abajo pero con más indecisos (hablaban de un 126 a 120), pero este domingo dicen haberse acercado tras salir a buscar aliados en todos los bloques. "Logramos que 6 que iban a votar en contra se abstengan y eso nos puso en paridad", dijo una de las diputadas a cargo de las gestiones.
Aunque los indecisos suelen variar de posición minuto a minuto, aún hay una mayoría que vota en contra en la alianza de derecha Cambiemos, Argentina Federal (los gobernadores) y el Frente Una (massismo).
A los últimos los telefonea Malena Galmarini y la diputada Cecilia Moreau con la premisa de que al menos dejen el recinto a la hora de votar. Graciela Camaño, la jefa de bloque, que está en contra pero no milita el tema y los que comparten su postura son coacheados por Carla Pitiot.
Sí hay expectativa de colaboración de la UCR con el video de Ernesto Sanz y Ricardito Alfonsín. Un día antes, una declaración en contra del partido recolectó la firma de ocho diputados, al menos una decena por debajo de lo que esperaban. Sólo suscribieron Gabriela Burgos, Soledad Carrizo, Estela Regidor Belledone y los diputados Martín Hernández, Horacio Goicoechea, Federico Zamarbide, Mario Arce y Julián Dindart. Algunos sólo tendrían diferencias de forma, pero también están los que empezaron a dudar.
Nicolás Massot viene logrando que el PRO sea el bloque con más aportes al rechazo del aborto, en un duelo minuto a minuto con su amiga Silvia Lospennato, ambos del riñón de Emilio Monzó.
Pese a que los ministro de Salud (Adolfo Rubinstein) y Justicia (Germán Garavano) apoyaron la ley, el cordobés consiguió que sus coterráneos y los santafesinos de su partido se plieguen al no, aun cuando en los sectores juveniles predomina el respaldo, sobre todo en la tierra gobernada por el socialismo.
"Luciano Laspina se equivoca y mucho si vota en contra. Va a perder proyección electoral", interpretaba uno de sus compañeros que no logra convencerlo de cambiar de idea.
Ayer a la tarde, Victoria Donda celebró por twitter el voto a favor de la macrifascista entrerriana Yanina Gayol (cercana a Rogelio Frigerio) y el la tucumana Teresita Villavicencio, del bloque Evolución de Martín Losuteau. "A pesar de las presiones, firmes defendiendo a las mujeres!!!", posteó.
El mendocino José Luis Ramón, también de Evolución, se anotó por el sí tras dudar varios días y pese a la presión de su partido, el socialista Luis Contigiani se mantiene por el no. ¿Lograrán que al menos se abstenga?
Los gobernadores parecen decididos a dejar su marca en contra del aborto y hasta encontraron respaldo de su partido, con la agrupación "Peronistas X la Vida", con referentes como el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano; el líder del gremio de la Sanidad, Héctor Daer; el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato; el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich y el embajador argentino en Perú, Jorge Yoma.
También firmó la diputada del FpV-PJ Mirta Alicia Soraire, una de las cinco del bloque de Agustín Rossi que no acepta aborto. Los otros son Ana Llanos, Silvina Frana, José Luis Gioja y Sandra Castro.
El matancero Fernando Espinoza, uno de los 6 kirchneristas indecisos, reveló que no está convencido de votar en contra. "Por tradición tengo un pensamiento, pero, por otro lado, veo la realidad de lo que pasa todos los días en la Argentina donde miles de mujeres -sobre todo jóvenes y adolescentes- viven una situación de desamparo que hay que solucionar".
Sólo sumaron a "Peronistas X la Vida" el turco mufa y el senador por Jujuy, Guillermo Snopek, miembros del bloque de Miguel Ángel Pichotto, que estaría a favor si la ley llega a la Cámara alta. Falta una larga sesión en Diputados.
La organización ambientalista denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amenazas de "personas de estrecho vínculo con el Gobierno Nacional" a miembros de la ONG, con el objetivo de obstaculizar las actividades de campañas por la defensa del medioambiente. Entre los involucrados figura Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete nacional, y el diputado nacional de la alianza de derecha Cambiemos Juan Carlos Villalonga.
Juan Carlos Villalonga, diputado de la alianza de derecha Cambiemos
La presentación se realizó el 28 de mayo ante el organismo internacional para pedir "monitoreo" y solicitar informes al régimen macrifascista para que "clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores".
Greenpeace solicitó además que se requiera a las autoridades "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
Las amenazas empezaron en enero, luego de que Greenpeace denunciara públicamente la destrucción de bosques nativos realizada de manera ilegal por Alejandro Braun Peña en su Finca Cuchuy, en la provincia de Salta.
Entre otras situaciones consignadas en la denuncia ante la CIDH, el documento presentado por Greenpeace destaca la del 8 de marzo en la reunión de mediación, en la que el empresario amenazó con gastar "2 o 3 palos verdes" para perjudicarlos personalmente y a la organización.
Según sostuvo la organización, "Braun Peña reprochó a los representantes de Greenpeace que la campaña había difundido su imagen". Su abogado agregó: "tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empleado serio que apuesta por el país".
Sobre la posición de Villalonga en el conflicto, fuentes de Greenpeace aseguraron que "él está denunciado ante la Justicia y ante la CIDH por amenazas y por hostigamiento a través de redes de personas allegadas a él". Agregaron además que se trata de "una denuncia a un diputado Nacional por amenazas presentada ante la Justicia local y organismos internacionales". Días después, Greenpeace informó a funcionarios de la Casa Rosada lo ocurrido para que tome las medidas que correspondan.
Actualmente la organización continúa su reclamo a la provincia de Salta por el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, publicada el 24 de enero en el boletín oficial, que declaró ilegales los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional y de la resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta que resolvió "suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo".
El régimen macrifascista sumó una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Es contra la “persecución” y “criminalización” a testigos y abogados de la causa a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.
El Estado argentino fue nuevamente denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución” y “criminalización” contra testigos y abogados de la causa por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.
La presentación internacional fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, que impulsó y consiguió la primera medida cautelar contra el Estado tras la desaparición del joven y cuando el régimen macrifascista planteaba hipótesis falsas, como que estaba en Chile o que sido había herido por un puestero de Benetton. Después del levantamiento de la cautelar, la estrategia oficial pasó a ser desacreditar con denuncia penales a testigos que comprometen a la Gendarmería, para instalar que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, en momentos en que la causa judicial a cargo de Gustavo Lleral no tiene definiciones, está en plena producción de pruebas cruciales y sigue caratulada como desaparición forzada.
La denuncia que hizo el miércoles Gendarmería habla de falso testimonio y focaliza en dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen (Matías Santana y Claudina Pilquiman) y a un amigo de Santiago (Ariel Garzi). Habla también de una asociación, en la que arrastra a organismos, abogados y medios de comunicación sin especificar.
Los abogados de Naturaleza de Derechos fueron cuestionados en particular en otro planteo de la fuerza en la causa a cargo de Lleral, ya que habían llevado a la CIDH el relato del llamado “testigo E”, que luego se supo que era Lucas Pilquiman. El joven de la comunidad mapuche contó que estuvo con Maldonado antes de cruzar el río Chubut cuando Gendarmería los perseguía a los tiros, pero que Santiago no cruzó. Pilquiman, de 19 años, declaró como testigo sin que las partes fueran convocadas, por lo que la familia Maldonado pidió la nulidad de su testimonio, que no fue concedida. Ante el juez hizo un relato más acotado que como “testigo E”.
La acusación penal de Gendarmería, fue realizada ante el juez Guido Otranto, que había sido desplazado de la investigación original sobre la desaparición de Maldonado. Se juntó con la denuncia del Ministerio de Patricia Bullrich contra ocho testigos. El régimen afirma que no hubo desaparición forzada, algo que deduce del levantamiento de la cautelar y del a autopsia, que concluyó que Santiago murió por ahogamiento e hipotermia. La abogada de la familia, Verónica Heredia, explicó que no se sabe cuánto tiempo exacto estuvo en el agua y que no es cierto que se descarte la desaparición.
Cuando levantó la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario. En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. Cabaleiro y Quintana dicen en su nueva presentación en la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente”.
Los abogados piden una nueva medida cautelar. Explican que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún siguen siendo investigados -no lo suficiente- por la muerte de Santiago Andres Maldonado), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.
También ven bajo amenaza a los medios de comunicación que informan libremente, ya que se sugiere que forman parte de una organización. Advierten que, se les trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”, por denunciarlo. Se intenta, así, desde el propio régimen fascista invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten los abogados. Piden una intervención urgente porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal” a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.
Sergio Maldonado habló sobre su presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No quiero ganarle un juicio al Gobierno, quiero saber qué le pasó a Santiago”,dijo al respecto.
