jueves, 21 de abril de 2022

Alberto Fernández: “El que quiere hacer creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!”

El presidente volvió a referirse a sus posibilidades de ser reelecto en un plenario del Partido Justicialista en José C. Paz.


El presidente Alberto Fernández se dirigió ayer a José C. Paz para dictar clases. Posteriormente, acudió a un plenario del Partido Justicialista por invitación del intendente Mario Ishii. Allí, al dirigirse a los presentes, el mandatario expresó que “el que quiera hacerles creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!”.

Así, en medio de la interna del Frente de Todos que lo tiene como protagonista, el jefe de Estado volvió a referirse a sus posibilidades de ser reelecto en los próximos comicios presidenciales. “Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos. Y los que quieren hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos”, desafió.

El mandatario había ido al municipio ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense para volver a ejercer momentáneamente como profesor de Derecho en la Universidad Nacional de José C. Paz. Sucede que un docente lo había invitado a dar una charla sobre “Teoría del Delito” la semana pasada, pero debió posponerla por el nacimiento de su hijo Francisco. “Hoy di una clase en la querida @UNPAZ_Oficial. Feliz de conocer a las y los estudiantes de la materia Derecho Penal General y Especial. Agradezco a cada uno de ellos. Su compromiso reafirma mi vocación por la educación pública”, tuiteó el presidente una vez que hoy finalizó con su exposición ante los alumnos.

Posteriormente, fue a la casa del jefe comunal Ishii, con el que mantiene una relación muy cercana, y luego lo acompañó al plenario del partido. Allí fue donde tomó la palabra y, según cuentan los presentes, brindó un discurso que no había sido armado de antemano. De hecho, esa visita no formó parte de la agenda oficial.

Hace un mes y medio, en el mismo territorio, Alberto Fernández ya había deslizado que irá por la reelección en 2023. En ese momento, el 8 de marzo, encabezó el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras también en José C. Paz, donde habló de “su primer mandato”, al referirse a las próximas gestiones que realizará con el intendente Ishii.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz “, expresó.

Asimismo, una semanas antes, había pedido que las postulaciones del peronismo se diriman en una PASO. 

“Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado”, aseguró en una entrevista radial tras recordar que fue designado por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para encabezar la fórmula presidencial y así garantizar el triunfo del kirchnerismo en 2019. 

“El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”, había lanzado Alberto en aquella oportunidad.

Massa y Cristina designaron a una radical y a un camporista al Consejo de la Magistratura

Se trata de la diputada radical por Santa Cruz, Roxana Reyes, y el senador del Frente de Todos-Unidad Ciudadana, el rionegrino, Martín Doñate, que ingresó tras la jugada del oficialismo de dividir los bloques. El senador de Juntos por el Cambio Luis Juez quedó afuera.


Finalmente y tras horas de tensión, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, firmaron ayer a la tarde la resolución para designar a los candidatos faltantes del Congreso al Consejo de la Magistratura.

En caso de la Cámara de Diputados, se nombró a la legisladora radical por Santa Cruz, Roxana Reyes. En tanto, en el Senado el elegido fue el senador rionegrino, Martín Doñate, integrante de La Cámpora y del flamente bloque Unidad Ciudadana en el Frente de Todos.

La designación de Doñate deja fuera al candidato de Juntos por el Cambio, el senador cordobés Luis Juez, a partir de la estrategia anunciada anteanoche por el oficialismo en el Senado de dividir en dos el Frente de Todos, y correr al PRO a cuarta minoría.

El antiguo Frente de Todos, de 35 senadores, será ahora un interbloque conformado por el bloque Frente Nacional y Popular, que cuenta con 21 legisladores y que estará presidido por José Mayans. Por la cantidad de miembros es la primera minoría en la Cámara alta. En tanto, el segundo bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros, está encabezado por Juliana Di Tullio y será la tercera minoría.

El radicalismo, quedó entonces como segunda minoría y el PRO, como cuarta. Por esta razón, tras la designación de Cristina Fernández de Kirchner, el candidato de la oposición, Luis Juez, quedó fuera.

Ayer a la mañana, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió por videoconferencia en un intento de último momento para frenar la jugada del Frente de Todos, que fue avalada por la Casa Rosada y que consideraron "una maniobra engañosa para construir fraudulentamente una Primera Minoría con el objeto de desnaturalizar la designación de un Consejero, que por derecho corresponde a la oposición".

En este sentido, notificaron al Presidente del Consejo de la Magistratura respecto a los bloques que debían integrar el consejo y ratificaron que los elegidos eran el senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes. Además, insistieron en que los representantes de las minorías que debían ser designados en el Consejo de la Magistratura eran los vigentes al momento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si se cumple lo anticipado, Juntos por el Cambio recurrirá a la Justicia para denunciar penalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por incumplir el fallo de la Corte Suprema y no nombrar a dos consejeros de la oposición.

Germán Martínez salió al cruce de Massa: "La designación de Reyes deja subrepresentado a mi bloque"

El titular del bloque del Frente de Todos analizará junto a su equipo jurídico si procede o no realizar la impugnación de la designación, así como también una posible denuncia penal ante la Justicia.


El titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió ayer a la tarde a repudiar la decisión del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, de designar a la diputada radical Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura.

"La designación de Reyes deja subrepresentado a mi bloque, que es el más numeroso de la Cámara de Diputados", sostuvo el diputado santafesino, en conferencia de prensa desde el Salón de los Pasos Perdidos.

La justificación de Martínez radica en que, tras la designación de Reyes, el oficialismo que es la primera minoría quedará solo con una representante, Vanesa Siley; mientras que Juntos por el Cambio tendrá dos -Reyes y Pablo Tonelli-. La cuarta banca del Consejo la ocupa la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño.

El diputado leyó ante la prensa el artículo 2° inc. 3 de la ley 24.937, la norma de 1997 que volvió a entrar en vigencia el pasado 15 de abril, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara "inconstitucional" la de 2006. El texto señala que “los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.

"A mi criterio esto queda en claro incumplimiento", agregó Martínez, que aseguró que pedirá a la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados la resolución firmada por Massa para analizar junto a su equipo jurídico y determinar si procede o no realizar la impugnación de la designación, así como también una posible denuncia en sede judicial.

Además, Martínez volvió a criticar el poco tiempo que tuvo la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que llegó con media sanción del Senado y aseguró que trabajará para que el Congreso puede tener una nueva ley.

Por último, confirmó que el Frente de Todos continuará en Diputados con la misma conformación y pidió avanzar con la integración de las comisiones de trabajo.

Juntos por el Cambio le pidió a Rosatti que no le tome juramento al representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura

La alianza opositora de derecha le envió una carta al titular de la Corte Suprema para bloquear la llegada al organismo de Martín Doñate, propuesto por Cristina Fernández de Kirchner. Argumenta que resta definir cual es la tercera minoría en la Cámara alta.


Senadores y senadoras del interbloque de Juntos por el Cambio
La disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la representación del Congreso en el Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo. 

Ahora, el interbloque opositor en el Senado de la Nación le envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que no le tome juramento al senador Martín Doñate, designado por Cristina Fernández de Kirchner luego de que el oficialismo partiera su bloque en la Cámara Alta para lograr un lugar más en el organismo que designa y evalúa a los jueces.

La decisión se tomó, según explicó una alta fuente del interbloque opositor, porque la ceremonia de juramento se realizará este miércoles a las 20:  “Teníamos que llegar antes de las 20 por lo menos en el Consejo para frenar la designación así mañana podemos presentarnos en la Justicia”.

El encargado de ir a los tribunales será Luis Juez, el senador del PRO al cual el kirchnerismo con su flamante bloque Unidad Ciudadana le arrebató la silla en el organismo judicial.

“Le solicitamos se abstenga de proceder a tomar juramento a cualquier senador que no sea el propuesto por el Bloque Frente PRO por la segunda minoría de esta Cámara”, reza el pedido de la nota que lleva la firma de Juez y el presidente del bloque del PRO, el senador Humberto Schiavoni, presidente del bloque amarillo.

La oposición alega que el lugar le corresponde al PRO por ser la tercera minoría con 9 senadores (FdT tiene 35 antes de la ruptura y la UCR 18). Con estos números, había propuesto a Luis Juez. Pero luego el oficialismo definió dividir en dos y la conformación quedó con el bloque Frente Nacional y Popular a la cabeza con 21 senadores, la UCR con 18, Unidad Ciudadana con 14 y el PRO con 9. Así, el FdT se quedaría con 3 de los 4 representantes de la Cámara alta.

Además, denunciaron que la división del bloque oficialista en el Senado se realizó por el “ilegítimo propósito de quedarse con 3 de los 4 consejeros” y agregaron: “Desde ya adelantamos nuestra oposición a dicha medida artera que sólo busca vulnerar el equilibrio que dispone nuestra Constitución”.

“Para el hipotético caso en que la presidenta del Senado, en franca violación a la ley 24.937 y a nuestra Constitución Nacional, comunique la designación de un senador distinto al propuesto por el bloque Frente PRO, desde ya dejamos impugnada la misma, toda vez que la maniobra de dividir el bloque oficialista a efectos de obtener 3 consejeros sobre los 4 que le corresponden a toda la Cámara viola el equilibrio exigido por el artículo 114 primera parte de nuestra Constitución Nacional”, agrega la carta.

Cabe recordar que el martes por la noche se había conocido que el bloque del Frente de Todos en el Senado se partía en dos con el objetivo de poder ocupar una silla más como consejo en el Consejo de la Magistratura, en medio de una batalla política para evitar el control de la Corte Suprema del organismo que designa y remueve a los jueces.

El antecedente judicial que no favorece a Juntos por el Cambio en la disputa por el Consejo de la Magistratura

En 2017, un juez federal avaló que un diputado del PRO asuma en el organismo por la unión de bloques e interbloques en lugar de un legislador del kirchnerismo. Es una discusión similar a la que se da ahora por la división de los bloques en el Senado.


Un antecedente judicial podría jugar en contra de la decisión de Juntos por el Cambio de ir a la justicia para reclamar por la decisión del oficialismo de partir su bloque en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

En 2017, un juez federal dijo que la justicia no puede involucrarse en las designaciones que hace el Congreso y que eso se trata del “juego de las mayorías y minorías propio del sistema republicano y democrático garantizado por la Constitución Nacional”.

El antecedente se remonta a la pelea que en 2015 tuvieron el oficialismo (entonces Cambiemos) y la oposición (el Frente para la Victoria) por un lugar en el Consejo. Era la banca que por el bloque de la mayoría dejó la diputada Anabel Fernández Sagasti en el Consejo. El kirchnerismo quería que se designe a su suplente Marcos Cleri para completar el mandato. Pero el oficialismo hizo una jugada política para quedarse con ese lugar.

Con una interpretación de la ley, Cambiemos juntó los votos de más de 15 bloques e interbloques y pidió que el diputado Pablo Tonelli asuma en el Consejo. En diciembre de 2015 el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmó esa designación. En 2018, la oposición copió el esquema. El Frente para la Victoria unió bloques, con el apoyo central del peronismo federal, y designó en el Consejo a las diputadas Vanesa Siley y Graciela Camaño.

Ante la nueva integración del Consejo con la Corte Suprema al frente del organismo se da una situación similar: el bloque del Frente de Todos se dividió antes de ayer para ser la segunda minoría y así tener un lugar en el organismo.

Lo que ocurrió con Tonelli tuvo su capítulo judicial que puede servir como antecedente en caso que Juntos por el Cambio inicie una causa judicial para reclamar por la jugada de Cristina Kirchner en el Senado.

Se iniciaron varios reclamos judiciales por la asunción de Tonelli -uno de ellos del Frente para la Victoria- que quedaron concentrados en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico. El magistrado avaló el 20 de octubre de 2017 la designación de Tonelli y rechazó los amparos.

“Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido –con carácter de principio general– que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial, doctrina que resulta, en principio, aplicable al caso”, sostuvo el magistrado.

Y puntualmente señaló que la justicia no puede intervenir sobre los títulos de los integrantes del Congreso: “la cuestión sometida a decisión del Tribunal resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer: resolver colisiones efectivas de derechos, y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez -como en el caso- de actos llevados a cabo por otros poderes del Estado referidos a la consideración de las impugnaciones que se formularen en cuanto a la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”.

Lavié Pico agregó: “Sobre tal base, resulta inadmisible acceder a la pretensión articulada, que no es otra que intentar por medio de la presente acción de amparo que la judicatura intervenga y modifique una cuestión que ya fue debatida, examinada y decidida en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación”. 

“No puede desconocerse la voluntad de la mayoría, definida en este caso por el ´Acuerdo Parlamentario´ ya mencionado, porque de lo contrario ello implicaría desconocer la voluntad popular expresada por sus representantes”, reforzó el magistrado.

“Debe advertirse que una solución contraria no solamente supondría el inadmisible reconocimiento de que los jueces sean llamados en auxilio de un grupo de legisladores que en realidad sólo se quejan de haber fracasado en el juego de las mayorías y minorías propio del sistema republicano y democrático garantizado por la Constitución Nacional”, dijo sobre el reclamo de los diputados del entonces Frente para la Victoria.

El juez agregó otro argumento que fue la designación de Tonelli fue aprobada por el Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema le tomó juramento en el cargo. Esa situación todavía no se dio con el senador o senadora que envíe el kirchnerismo al organismo, por lo que allí podría haber otra discusión en el nuevo Consejo que es presidido por Horacio Rosatti y resistido por el oficialismo.

El fallo del juez quedó firme y Tonelli cumplió el mandato y en 2018 continuó en el Consejo, donde está actualmente hasta fines de noviembre.

Guiño del Gobierno a la jugada del bloque del Frente de Todos en el Senado

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que la decisión "está dentro de los parámetros legales", en respuesta a las críticas lanzadas desde la oposición. El bloque "no se partió", reiteró Juliana Di Tullio.


La administración del presidente Alberto Fernández respaldó ayer la resolución del Frente de Todos de crear un interbloque de senadores nacionales conformado por dos bloques, al asegurar que forma parte de "una decisión política" que "está dentro de los parámetros legales" ante la designación de miembros del Consejo de la Magistratura.

La posición del bloque del Frente de Todos que conduce José Mayans de conformar dos espacios dentro de un interbloque fue apoyada ayer a la mañana por dirigentes del oficialismo y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que "está dentro de los parámetros legales".

En dos notas enviadas a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, la bancada de senadores nacionales del oficialismo anunció la creación de dos espacios, uno integrado por 21 senadores y otro con 14 miembros.

De esta forma, el interbloque oficialista quedará con nombre de Frente de Todos y tendrá bajo su paragüas al bloque Frente Nacional y Popular, presidido por el propio Mayans, y a Unidad Ciudadana, por Fernández Sagasti.

La decisión de conformar un interbloque similar al que constituye la alianza opositora de derecha Juntos por el Cambio con la UCR y el PRO fue adoptada el martes a última hora en conjunto por las autoridades del Frente de Todos.

La nueva composición está vinculada a la necesidad de designar nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula la composición antigua del cuerpo.

Desde el Gobierno nacional, Manzur respaldó la medida, dijo que "está dentro de los parámetros legales" y la vinculó a la decisión de la Corte de "proponer y avanzar en un fallo" con el cual no están de acuerdo. El funcionario calificó como "una decisión correcta" del Frente de Todos "avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado".

La oposición cuestionó la medida y la atribuyó a la intención del oficialismo de contar con un miembro más en el Consejo de la Magistratura.

Según la legislación vigente, dos integrantes le corresponden al bloque de senadores que tenga mayoría, otro al que le sigue en cantidad de miembros y otro más al tercer espacio, con lo cual, al Frente de Todos le corresponderían tres asientos en el Consejo y uno a Juntos por el Cambio.

Desde la coalición opositora, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrata, evaluó que el kirchnerismo pretende "un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces", postura a la que se sumaron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

En tanto, el senador oficialista Oscar Parrilli consideró que la decisión de crear un interbloque con dos espacios partió de "la necesidad de mostrar una realidad política" y consideró que Juntos por el Cambio "intenta ver en los demás las acciones que ellos llevan adelante".

"Más allá de que somos un interbloque, estaban estas dos procedencias; por eso la decisión que se tomó", explicó Parrilli ayer a la mañana en declaraciones a FM La Patriada.

De acuerdo con la primera de las notas firmada por Mayans y a la que accedió Télam, el primer bloque con una mayoría de 21 senadores pasará a llamarse Frente Nacional y Popular y estará presidido por el propio senador formoseño.

El segundo de los bloques del oficialismo, de 14 integrantes, se denominará Unidad Ciudadana, según sostiene el texto con el anuncio firmado por la senadora por Buenos Aires Juliana Di Tulio, que presidirá ese segundo espacio.

La propia Di Tulio explicó que el Frente de Todos "no se partió" y precisó que "hicimos dos bloques en el interbloque del Frente de Todos, que tiene las mismas autoridades de siempre, Mayans y Anabel Fernández Sagasti en la presidencia y vicepresidencia del interbloque".

El bloque de Mayans quedará compuesto por los senadores Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espinola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, José Uñac y Pablo Yedlin.

El segundo de los espacios del oficialismo será integrado por Sagasti, Di Tulio, Oscar Parrilli, Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Ana Ianni, Matías Rodríguez, Eugenia Duré y Sergio Leavy.

Juraron las nuevas consejeras de la Magistratura, pero la Corte Suprema mira la judicialización de los nombramientos

Horacio Rosatti les tomó juramento a la jueza Agustina Díaz Cordero, las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez y la académica Pamela Tolosa. Firmaron una acordada clave para la disputa por la designación de los representantes del Congreso.


En medio de la tensión con el Gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento anoche a las consejeras electas que se sumarán a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal como nuevo titular del organismo que selecciona e investiga a los jueces. 

Además, los jueces firmaron una acordada que será clave para la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos por la designación de los representantes de Diputados y del Senado.

La ceremonia -sin presencia de los medios- se realizó en el Salón Bermejo del máximo tribunal, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Además de Rosatti estuvieron presentes los jueces Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Las que juraron son la jueza civil de primera instancia Agustina Díaz Cordero, quien ganó las elecciones de magistrados por la Lista Bordó, la más crítica al oficialismo; las abogadas Jimena de la Torre y Maria Fernanda Vázquez; y la académica Pamela Tolosa.

De la Torre, que fue funcionaria del nefasto régimen Miauricio Macri, ganó las elecciones de abogados con el apoyo de la alianza de derecha Juntos por el Cambio. 

Venció a la lista de Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que también entró al Consejo por el porcentaje de votos obtenidos.

Antes de ingresar a la jura, De la Torre cuestionó la jugada del Frente de Todos para designar al senador camporista Martín Doñate. “Había un plazo de 120 días que terminó el 15. En ese momento las segundas minorías eran el Pro en el Senado y el radicalismo en Diputados. Si se rompió el bloque del Frente de Todos nunca puede tener efectos hacia atrás”, sostuvo en la puerta principal del Palacio de Tribunales.

Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, fue electa por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales públicas de todo el país.

Vázquez y Tolosa llegan al Consejo con el apoyo en sus elecciones de Diego Molea, actual integrante del Consejo de la Magistratura por los académicos.

Ante el G20, Guzmán aseguró que el "problema inflacionario" se incrementó con guerra

En el marco del Foro de Ministros y Presidentes de Banco Centrales del G20 en Washington, el ministro del Economía dijo que "la guerra en Ucrania tiene consecuencias tremendas sobre los precios de los alimentos, la energía y los metales, es una alteración profunda de las cadenas de suministro".


El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que la Argentina registró "una fuerte recuperación económica" el año pasado, aunque advirtió que el desafío más "complejo es el problema inflacionario, que se ha intensificado con la guerra" entre Rusia y Ucrania.

"Argentina ha tenido una fuerte recuperación de la actividad económica en el año 2021: el PIB creció 10,3%, redujimos el desempleo de 13,1% a 7% y también crecieron inversiones y exportaciones", señaló Guzmán al participar en Washington en el Foro de Ministros y Presidentes de Banco Centrales del G20, en la previa de la Asamblea de Primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial.

De todas maneras, advirtió que el desafío más complejo pasa por la inflación, particularmente a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. "El desafío más complejo, consistente con la historia argentina, ha sido el problema inflacionario y el contexto de la guerra en Ucrania ha intensificado las presiones", sostuvo el ministro.

En este sentido, remarcó que "la guerra en Ucrania tiene consecuencias tremendas sobre los precios de los alimentos, la energía y los metales, es una alteración profunda de las cadenas de suministro".

"Como comunidad global, necesitamos encontrar mecanismos para implementar políticas que permitan que nuestras sociedades no enfrenten un shock muy regresivo, porque si no hacemos esto, vamos a ver consecuencias duraderas, tanto a nivel social como a nivel político", reflexionó Guzmán.

En este contexto, y en respuesta a una manifestación pública de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, planteó tres acciones que deben llevar adelante los hacedores de política.

“Kristalina, usted preguntó qué podemos hacer los hacedores de política. Me voy a referir a tres asuntos sobre los que podemos llevar a cabo acciones tanto a nivel individual de cada país como colectivamente como comunidad global”, puntualizó el ministro a modo de respuesta.

En primer lugar, resaltó la "importancia de lidiar con la situación de inflación internacional. Hemos vivido una secuencia de eventos complejos a nivel global en los últimos dos años, por ejemplo la pandemia y la guerra en Ucrania".

"Lo que el mundo está viviendo hoy es una crisis distributiva. Hay sectores de la economía que se encuentran con ganancias extraordinarias inesperadas producto de la guerra y miles de millones de personas en el mundo que sufren las consecuencias de los aumentos de los precios", añadió.

El segundo punto tiene que ver con la deuda y lo que se pueda hacer "de forma colectiva para paliar las situaciones de deuda insostenible que se van a vivir en el mundo en los próximos años".

Y finalmente, en línea con expresiones del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, subrayó que ambas naciones están trabajando "más cerca" para hacer un aporte significativo a "la seguridad energética y alimentaria mundial".

Guzmán, entre otras actividades, se reunirá el próximo viernes con Georgieva para analizar la evolución de las variables económicas argentinas tras el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el organismo multilateral

La agenda del ministro en Washington incluye, además, una serie de reuniones con representantes del BM, como con pares y funcionarios de áreas económicas de Alemania, Indonesia, España, Italia y Sudáfrica, informó el Palacio de Hacienda en un comunicado.

Además de los encuentros bilaterales, se reunirá con el director de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, y con los autoridades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD)

Georgieva afirmó que el programa con el FMI podría ser "recalibrado"

La titular del FMI dijo que es positivo que la Argentina sea un exportador de commodities y advirtió que el gran riesgo del cumplimiento del acuerdo de refinanciación de deuda es el aumento de precios.


Kristalina Georgieva señaló que el programa suscripto por la Argentina con el FMI podría requerir ser "recalibrado" para "reflejar los cambios en la economía global" y advirtió que "el gran riesgo" es la inflación, que "también está empujada por factores exógenos".

Así lo expresó durante el discurso formal de apertura de la Asamblea Conjunta del FMI y del Banco Mundial, que se desarrolla en Washington y de la cual participa el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Allí sostuvo que el desafío que tiene por delante la Argentina es "la implementación del programa" a través del cual logró refinanciar los U$S 45.000 millones de deuda heredados de la administración macrista. En ese contexto, señaló en particular que "el gran riesgo es la inflación". Según Georgieva, la implementación del programa requerirá "recalibrarlo para reflejar los cambios en la economía global para la Argentina".

"Algunos cambios son positivos porque la Argentina es un exportador de commodities", afirmó. Sin embargo, alertó que "el gran riesgo es la inflación, que también está impulsada por factores exógenos, y también cómo traer la inflación a un punto que puedan tener confianza en ahorrar en su moneda".

El contexto mundial, de alta inflación y del fuerte impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, derivó en una situación de que "enfrentamos una crisis tras otra. La guerra encima de la pandemia. Es como ser golpeado por otra tormenta antes de que nos hayamos recuperado de la última", graficó Georgieva al arrancar su discurso.

El resultado es un revés masivo para la recuperación global, y antes de ayer el Fondo reveló que redujo los pronósticos de crecimiento global a 3,6 % tanto para este año como para 2023, disminuyendo el crecimiento de 143 países. En cambio para la Argentina elevó el crecimiento en un punto, a 4% del PIB, si bien el país queda entre los de mayor inflación del mundo.


Georgieva consideró que "hay tres prioridades apremiantes derivadas de la inflación" que golpea al mundo en general. Primero, señaló, "requiere acciones decisivas por parte de los bancos centrales: deben mantener el dedo en el pulso de la inflación y ajustar la política según sea necesario".

En segundo lugar, consideró que "los precios altos y crecientes de los alimentos son especialmente preocupantes, especialmente en los países pobres donde existe un riesgo creciente de una crisis alimentaria, por lo que alentó a la acción internacional conjunta para evitarlo, es fundamental".

En tercer lugar, afirmó que "combatir la inflación mediante el endurecimiento de la política monetaria eleva los costos del servicio de la deuda". Para mermar este efecto adverso, Georgieva dijo que los países con problemas "pueden ayudar a financiar esto con políticas fiscales más equitativas".

Al mismo tiempo, consideró esencial el apoyo internacional a través del Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G-20, y que "debe mejorarse con procedimientos y plazos claros para deudores y acreedores".

En cuanto al financiamiento del organismo, Georgieva puntualizó que se destinaron ya unos US$ 1.400 millones para socorrer a la devastada Ucrania.

También precisó que el Fondo actualmente despliega un financiamiento a los países de U$S$ 300.000 millones, y que "U$S 700 000 millones adicionales están disponibles para implementar".

Además de todo esto, Georgieva recordó que "están los U$S 650.000 millones en DEG asignados el verano pasado, donde estos SDR han ayudado a nuestros miembros a responder a las crisis que enfrentan ahora, y harán aún más a largo plazo a medida que se canalicen hacia nuestro nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, aprobado por nuestra Junta Ejecutiva" la semana pasada, y que será implementado desde mayo próximo.

El Senado dio dictamen al proyecto para para pagarle al FMI con dólares fugados

Los integrantes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda avanzaron con la iniciativa del senador oficialista, Oscar Parrilli, que crea un fondo a partir de dólares provenientes de la fuga, pero dejó para próximas reuniones el tratamiento del segundo proyecto que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal.



El Frente de Todos en el Senado logró ayer darle dictamen favorable al proyecto que crea Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, en medio de cruces con la oposición que no acompaña la iniciativa.

Los miembros de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda reunidos en el Salón Azul del Palacio Legislativo avanzaron con la iniciativa del senador oficialista, Oscar Parrilli, que crea un fondo a partir de dólares provenientes de la fuga, pero dejó para próximas reuniones el tratamiento del segundo proyecto que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

"Ha sido un debate rico, se está discutiendo quién va a pagar la deuda con el FMI en el marco de una discusión profunda sobre evasión impositiva y fuga de capitales. Sería muy injusto que la carga de esta deuda recaiga en la totalidad del pueblo argentino", afirmó, al cierre del encuentro, el senador oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra.

Qué dice el proyecto 

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

Sostiene que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero".

Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión", tal como lo estipula la ley vigente.

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

Exportaciones e importaciones récord: treparon a un máximo histórico en el primer trimestre

Entre enero y marzo, el país vendió por U$S 19.342 millones y compró por U$S 17.958 millones. Las subas se dieron fundamentalmente por la escalada en los precios internacionales, pese a que también crecieron las cantidades.


Las exportaciones y las importaciones alcanzaron un máximo histórico en el primer trimestre de 2022, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

El intercambio comercial récord se dio fundamentalmente por la escalada en los precios internacionales, pese a que también crecieron las cantidades comercializadas.

De acuerdo con los datos oficiales, en marzo el país vendió por U$S 7.352 millones, debido a un incremento del 23% en los precios y del 5% en las cantidades. 

Por lo tanto, entre enero y marzo las exportaciones sumaron unos inéditos U$S 19.343 millones (+25,5% anual ó +U$S 3.396 millones). El anterior máximo para este mismo período se había verificado en 2012.

Aunque la suba en los precios, impulsada en gran parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el principal factor que explicó el nivel de comercio internacional, desde el Ministerio de Economía también destacaron que las cantidades exportadas fueron las segundas más altas de la historia.

En la segmentación por rubros, las que más se dispararon en términos anuales durante el primer trimestre fueron las ventas externas de combustibles y energía (+94%). También crecieron fuerte los envíos de productos primarios (+57,7%) y de manufacturas de origen industrial (+32%). La única división que arrojó una caída fue manufacturas de origen agropecuario (-4,2%).

En cuanto a los tipos de productos, los que más incidieron en las exportaciones adicionales respecto de 2021 fueron cereales (+84,6% ó U$S 2.112 millones), petróleo crudo (+207,3% ó U$S 653 millones) y productos químicos (+65,9% ó U$S 616 millones).

Paralelamente, en el tercer mes del año las importaciones totalizaron unos U$S 7.073 millones, por un alza anual de 16,7% en las cantidades y de 13,7% en los precios. De este modo, en el acumulado del primer trimestre se observó una suma histórica de U$S 17.958 millones (+39,5% ó U$S 5.083 millones).

Las importaciones que más repuntaron versus primer trimestre de 2021 fueron las de combustibles y lubricantes (+190,7%). Las de bienes intermedios, el rubro de mayor participación en el total, treparon 32%. Solo cayeron las adquisiciones de vehículos y autopartes (-16,5%).

Por tipo de productos, las subas de mayor incidencia fueron las de suministros industriales elaborados (+U$S 1.509 millones ó 39,9%), combustibles y lubricantes elaborados (+U$S 1.374 millones ó 296,8%), y bienes de capital, excluídos equipos de transporte (+U$S 549 millones ó 31,9%).

Los precios mayoristas subieron 6,3% en marzo y el costo de la construcción 4,4%

En el acumulado para los últimos 12 meses, la variación fue de 50,3% para los mayoristas y del 50,2% para la construcción.


El índice de precios mayoristas subió en marzo 6,3%, mientras que el costo de la construcción avanzó 4,4% respecto al mes previo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, en el primer trimestre del año los precios mayoristas acumularon un incremento de 15,5% y el costo de la construcción 11,8%. 

En los últimos 12 meses, la variación fue de 50,3% para los mayoristas y del 50,2% para la construcción.

De esta forma, el INDEC finalizó la difusión de los índices relacionados con la evolución de los precios, que comenzó la semana pasada cuando informó que el IPC minorista subió 6,7% en marzo, con lo que acumuló un incremento del 16,1% en el primer trimestre y 55,1% en los últimos 12 meses.

En la suba de precios mayoristas se anotaron incrementos del 6,8% en los productos Primarios, del 6,3% en los Manufacturados; del 5,4% en los Importados y del 3,9% en el costo de la Energía Eléctrica.

Entre los bienes Primarios se destacaron la suba del 7,5% en el rubro Petróleo crudo y Gas; 6,1% en productos Agropecuarios; 6,8% en Minerales no metalíferos; y 12,5% en los productos relacionados con la pesca.

Entre los productos manufacturados, el rubro Alimentos y Bebidas reflejó un aumentó de 10% frente al mes previo; Refinados del petróleo, 8,2%; Químicos, 6,9%; Textiles, 5,6%; Caucho y Plástico, 5,1%; Máquinas y aparatos electrónicos, 3,5%; y Vehículos automotores, 4,2 %.


En lo que respecta a la suba promedio del 15,9% registrada durante el primer trimestre, se destacaron incrementos del 20,7% en productos Primarios; 4,5% en Manufacturados; 10,8% en Importados; y 15,7% en la Energía Eléctrica.

En cuanto a la suba del 4,4% en el Costo de la Construcción durante marzo, el avance fue explicado por un alza del 4,8 % en Mano de Obra y en Gastos Generales, mientras que los precios de los Materiales aumentaron 4% frente a febrero pasado.

En el capítulo “gastos generales”, mayormente relacionados con servicios que se abonan en la construcción, se destacaron las subas del 6,3% en los precios de los vehículos; del 3,7% en la contratación de volquetes; y 3,6 % en andamios, entre otros aspectos.

En cuanto a la suba del 11,8% en el Costo de la Construcción durante el primer trimestre, estuvo impulsada por un alza del 12,3 % en Mano de Obra; 12% para Gastos Generales, mientras que los Materiales aumentaron 11,3 %.

El informe Sistema de índices de precios mayoristas es empleado para medir la evolución de los productos destinados al mercado interno, de origen nacional o importado, y estudiar las variaciones de los bienes que forman la oferta nacional.


Por su parte, el Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del conurbano bonaerense.

Se considera Gran Buenos Aires el área comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

En el cálculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales (por proyecto, dirección y representación técnica), los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA), ni los gastos financieros.

La ANSeS habilitó el formulario para cobrarlo: dónde inscribirse y quiénes pueden hacerlo

El bono es un refuerzo de ingresos que se cobrará en mayo y junio. Para percibirlo es necesario anotarse en la web de la ANSeS. Los detalles de lo que muchos llaman "nuevo IFE".


La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) habilitó ayer el formulario online para inscribirse para cobrar el bono de $ 18.000. Se trata un refuerzo de ingresos anunciado por el Gobierno el último lunes, que muchos llaman "nuevo IFE".

De cuánto es el bono

✒ El Gobierno nacional dispuso el pago de un adicional de $18.000.

✒ En el caso de los jubilados, a quienes ya se les otorgó un bono de $ 6.000, se les pagarán otros $ 12.000 para así llegar a la cifra estipulada.

Quiénes y cuándo cobrarán el bono

✔ Lo cobrarán trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, trabajadoras de casas particulares y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos.

✔ Se cobrará en dos cuotas de $9.000 en mayo y junio.

Los detalles del bono

• La ANSeS precisó que se pagará a más de 6 millones de jubilados que cobren hasta dos haberes mínimos, es decir, $ 62.260. En el caso de los jubilados no será obligatorio que se inscriban en ningún lugar.

• Los trabajadores no registrados que se encuentren en la informalidad deberán completar el formulario online en el sitio web de la ANSeS.

• Lo mismo tendrán que hacer las trabajadoras de casas particulares, que para percibir el bono deberán inscribirse en la web del organismo que conduce Fernanda Raverta.

Las fechas de pago del bono

〇 Monotributistas A y B: dos cuotas en mayo y junio de $ 9.000 cada una.

〇 Trabajadores informales con hasta dos salarios mínimos: mayo y junio, en dos cuotas.

〇 Potenciar trabajo: se pagará en mayo y junio.

〇 Bono a trabajadoras de casas particulares: el pago empezará en mayo y continuará en junio.

〇 Jubilados: se pagará por única vez en los haberes de mayo de 2022.

¿El bono es compatible con asignaciones y planes sociales?

El pago del bono de $18 mil es compatible con los siguientes planes sociales, subsidios y derechos:

➖ Asignación Universal por Hijo.

➖ Asignación por Embarazo para Protección social.

➖ Prestación por Desempleo.

➖ Potenciar Trabajo.

➖ Personas inscriptas el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular (Renabap).

➖ Planes alimentarios provinciales y municipales.

La ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós confirmó que los turnos empezaron a llegar esta semana a través de WhatsApp.


La ciudad de Buenos Aires ya comenzó a aplicar la segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus, llamada también cuarta dosis, a todos los mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personal estratégico (personal de salud, educación y seguridad). Los turnos empezaron a llegar esta semana por WhatsApp para quienes hayan cumplido 120 días desde la aplicación del primer refuerzo.

En este sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó cuál es la diferencia entre una dosis adicional y un refuerzo, para evitar confusiones entre quienes se aplicaron tres dosis en el esquema primario de vacunación.

Según aclaró, el esquema primario completo de vacunación contra el covid para la mayor parte de la población es de dos dosis. Pero para un grupo particular (mayores de 50 años que recibieron Sinopharm o personas con una enfermedad con inmunocompromiso grave) el esquema inicial es de tres dosis.

“Esto significa que el primer refuerzo para la gran mayoría fue la tercera dosis y para este grupo reducido fue la cuarta. Ahora se va a dar el segundo refuerzo, para la enorme mayoría es la cuarta dosis, y para este grupo particular es la quinta dosis, por eso, para no confundir es mejor hablar de refuerzos”, explicó Quirós.

Sobre el futuro de la vacunación contra el coronavirus, el funcionario anticipó que posiblemente haya que vacunarse todos los años. “Es altamente probable que haya una vacunación anual contra el COVID-19″, afirmó Quirós, quien aclaró que las próximas vacunas será de segunda generación y a diferencia de las actuales estarán adaptadas a las nuevas variantes.

Los turnos comenzaron a llegar ayer por WhatsApp a quienes hayan recibido el primer refuerzo hace cuatro meses, que es el intervalo mínimo entre aplicaciones. Si bien la campaña de vacunación está avanzada en el distrito porteño, todavía sigue siendo obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados, con excepción de las escuelas.

“Prácticamente todas las jurisdicciones mantienen el barbijo en interiores, la provincia de Buenos aires tomó una decisión anticipada hace dos semanas. Esa es la realidad de la epidemiología argentina, cada jurisdicción va definiendo de acuerdo a su política, sus números y su estrategia”, afirmó el funcionario en declaraciones a Urbana Play.

Sobre el fin del uso del tapabocas, el titular de la cartera sanitaria porteña insistió con esperar para ver cómo se comparta el virus en el invierno.

Mientras critica impuestos nacionales, la gestión de Rodríguez Larrata tiene más de 30 gravámenes sobre quienes trabajan

La gran mayoría de están atados a la inflación porteña y algunos otros se crearon durante sus dos mandatos como jefe de gobierno.


Durante los últimos años de su segundo mandato, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larrata, trató de instalarse como principal candidato de la oposición marcando “supuestas” diferencias con varios de los anuncios realizados por el Gobierno nacional. 

Oponerse al confinamiento escolar durante el pico de contagios más alto en el distrito porteño es, quizá, lo más recordado; pero también se enfrentó al Consenso Fiscal que empujó Nación, se puso en contra a la iniciativa de sumar una hora más de clases en escuelas porteñas, también se opone al revalúo de la AFIP sobre las propiedades; en las últimas semanas manifestó su oposición a seguir brindando la Asignación Universal por Hijo y diferentes planes y programas sociales, para aquellos que cortan las calles y, obviamente, también se opuso a que el Gobierno nacional, devuelva los puntos de coparticipación que Macri había quitado a la provincia de Buenos Aires y cedido al distrito porteño.

En las últimas horas el jefe de Gobierno, también se ubicó en la vereda de enfrente a la iniciativa de la "renta inesperada" que propone el Ejecutivo nacional que sólo afectará a empresas privadas con ganancias netas imponibles altas, superiores a los mil millones de pesos en el año; esto representa apenas el 3,2 por ciento de las empresas del país.

“Ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la “renta inesperada”, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando la iniciativa llegue al Congreso lo vamos a rechazar”, aseguró el responsable político de la muerte del doctor Favaloro en sus redes sociales. “La Argentina no soporta un impuesto más”, sumó y agregó que “no hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda”.

Sin embargo, el mismo Rodríguez Larrata, tiene más de 30 impuestos volcados sobre quienes producen y generan puestos de trabajo en el distrito porteño, la mayoría sobre empresas constructoras, pero también sobre vecinas y vecinos que quieren montar un emprendimiento propio. Los más conocidos e históricos son: el impuesto a la Obra nueva, la ampliación y/o modificación con o sin demolición parcial; la demolición total y obra nueva; el registro de instalación nueva de prevención contra incendios; también el registro de instalación eléctrica nueva; el de instalación nueva de elementos guiados de transporte y el registro de instalación sanitaria.

A esta larga lista de gravámenes y cargas impositivas se le suman, el registro de instalación térmica, el de instalación electromecánica, el registro de instalación nueva de ventilación mecánica y el de instalación nueva de inflamables; al mismo tiempo que sus respectivos ajustes a la instalación eléctrica, de inflamables y el ajuste de instalación térmica. Los impuestos más recientes son: el Certificado Urbanístico, el gravamen a la Consulta de Usos y la Obligatoria General; el pago a la Consulta Obligatoria para Inmuebles en APH o Catalogados, y la Interpretación Urbanística, entre otros tantos.

El más polémico de todos los impuestos creados por Rodríguez Larrata, fue el conocido como el Impuesto de Sellos, que se concentra sobre las tarjetas de crédito, carga impositiva que se cobra a todos los que realizan compras en la ciudad de Buenos Aires con las diferentes tarjetas bancarias y que se implementa desde enero de 2021. El monto ronda en el 1,2 por ciento del total de la factura y, los argumentos para implementar este nuevo tributo, fueron, la supuesta “quita” de la coparticipación federal y el estado de emergencia sanitaria durante la pandemia.

El alcalde capitalino había asegurado que el impuesto a las tarjetas de crédito iba a tener una duración de un año, pero el PRO, en la Legislatura porteña, sobre finales de diciembre del año pasado aprobó su continuidad.

También siguen presentes el Impuesto a la ganancia mínima presunta que se cobra de manera anual y representa el 1% que se aplica a los bienes que valen más de $ 200.000; el Impuesto a las transacciones bancarias, que se aplica a los créditos y débitos en cuentas de instituciones financieras locales, donde entran todos los movimientos de fondos y el porcentaje general aplicado es del 0,6%; el Impuesto a la transferencia de inmuebles, que tiene un tope del 1,5% y se aplica a la transferencia de un inmueble ubicado en la Argentina de propietarios residentes o no residentes, cuando la transferencia no esté sujeta al impuesto a las ganancias; y también Impuestos internos, aplicables a fabricantes e importadores de algunos bienes de consumo y servicios específicos con diferentes tasas. Los principales productos son: tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, oro, pieles y seguros patrimoniales entre otros.

Los tarifazos porteños

Durante la campaña de elecciones intermedias en 2021, el jefe de gobierno porteño, prometió que su gestión no iba a crear nuevos impuestos ni a aumentar los existentes, promesa que tampoco cumplió. Desde enero el peaje aumentó un 45% promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico. Para el estacionamiento medido, en tanto, desde el 24 de enero se incrementó un 50%, y pasó de $ 30 a $ 45; también la realización de la VTV tuvo una suba del 51% para los propietarios de los automóviles que pagan $ 4.023 en vez de los $ 2.665 de 2021, mientras que para las motos la tarifa será de $ 1.513 contra los $ 1.002 anteriores.

Por último, el Impuesto Inmobiliario, comenzó con aumentos mensuales y progresivos que van de la mano con la inflación porteña. Con este aumento, Rodríguez Larrata prevé recaudar más de $ 56.646 millones que representa el 6,7% del total de los ingresos.

El Parlasur avanza con el trámite de expulsión de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: se aprobó en comisión el dictamen para desplazarlo de su banca

La situación del operador judicial de Macri, prófugo de la justicia argentina, es cada vez más compleja. La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del cuerpo parlamentario emitió un despacho en el que sostiene que incurrió en "graves actos de falta de decoro" y no debe seguir en su cargo.


El Parlasur dio otro paso para expulsar a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del cuerpo parlamentario se reunió ayer a la mañana y aprobó el dictamen para separar de su banca al operador judicial de Miauricio Macri. 

Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión, y ahora el tema deberá ser tratado y votado por el pleno del parlamento regional.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

Para disponer la expulsión de uno de sus miembros, el Parlamento del Mercosur debe reunir 77 votos, es decir, las dos terceras partes de sus miembros.

Dictamen de expulsión

El dictamen impulsado por el oficialismo argentino sostenía que Rodríguez Simón debe cesar su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió en "graves actos de falta de decoro", al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

"El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros", indicó el texto. Lo que se le reclama al operador judicial es no haberse presentado en la causa en la que fue requerido.

"Es interesante ver que en la separación (de Rodríguez Simón) acompañan parlamentarios de los cuatro países y diferentes sectores políticos", señaló el diputado del Parlasur Oscar Laborde.

Además, explicó que "seguramente el 16 de mayo" el dictamen estará en condiciones de tratarse en el pleno. Laborde resaltó que "lo importante del día de hoy es la voluntad claramente mayoritaria de separarlo".

El dictamen de mayoría propuesto por el Frente de Todos fue acompañado por las firmas de los argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, las legisladoras paraguayas Edith Benítez (Asociación Nacional Republicana) y Blanca Mignarro (Partido Liberal Radical Auténtico) el brasileño Arlindo Chinaglia (Partido de los Trabajadores ) y el uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio).

En minoría votaron el argentino Humberto Benedetto (Juntos por el Cambio) y el uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado), mientras se abstuvo el brasileño Celso Russomanno (Republicanos).

El dictamen que promueve la destitución de Rodríguez Simón fue alcanzado luego de que se activaran los mecanismos necesarios dentro del Parlasur, es decir que se reuniera la prueba y que el propio "Pepín" ofreciera un descargo en el que sostuvo que es víctima de una persecución.

Rodríguez Simón sigue recluido en Uruguay para esquivar a la Justicia argentina. A principios de abril intentó ejercer su rol en el Parlasur, en Montevideo, y tuvo que retirarse en medio de abucheos y un fuerte repudio. "¡Simón es un prófugo!" "¡Entregate!", le gritaban con cánticos.

Salió la edición nº 536 de Garcas

 

El Gobierno nacional y el régimen de la CABA acordaron pedirle a la Corte prorrogar los plazos para seguir negociando por el tema del traspaso de fondos para financiar la Policía porteña

El acuerdo surgió en la sexta reunión que se realizó entre ambas partes en el Ministerio del Interior. La negociación está estancada y ambos actores creen que, pese a los intentos, el máximo tribunal será el encargado de decidir.


El Gobierno nacional y el régimen de la ciudad de Buenos Aires acordaron ayer pedirle a la Corte Suprema una prórroga para seguir negociando el traspaso de fondos para financiar la Policía porteña, discusión que comenzó cuando la Nación le quitó a la CABA el porcentaje de su coparticipación que antojadizamente le había asignado Miauricio Macri.

El pedido se prórroga se realizará formalmente hoy, cuando envíen al máximo tribunal la carta en la que todos lo actualizan sobre los avances o retrocesos de la negociación. 

El pedido será para extender las discusiones por 15 días corridos, contando desde el 26 de abril, fecha en la que se vence el plazo impuesto por la Corte.

La nueva fecha límite es el 11 de mayo y hasta ese momento tendrán la posibilidad de cerrar un acuerdo en el monto de los fondos que deben transferirse, el punto clave de la negociación y en el que aún hay una distancia grande.

Las conversaciones están estancadas y la posibilidad de lograr un acuerdo está cada día más lejos. Tal es así que en ambas administraciones creen que la Corte Suprema será la que termine decidiendo cuál es el monto que la Nación le debe transferir a la ciudad de Buenos Aires.

Ayer la Nación y la CABA presentaron nuevas propuestas en la mesa de negociación para coincidir en un monto. Una cada uno. Ambas fueron rechazadas. La delegación porteña cree que el monto es insuficiente y el Gobierno nacional sigue sosteniendo que el dinero que piden sobrepasa el costo de mantenimiento de la Policía porteña

Lejos de haber avanzando, las conversaciones quedaron estancadas. Llevan ya seis reuniones, pero el monto se empezó a tratar en las últimas tres. “Seguimos estando muy lejos respecto al monto”, indicaron desde el régimeno porteño. En la Nación solo se limitaron a decir que “no hay acuerdo aún”.

Por la CABA estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, mientras que por el ministerio del Interior la que llevó adelante la discusión fue la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis.

Si para el 11 de mayo no hay acuerdo, será la Corte Suprema la que termine definiendo. Hasta el momento las partes se habían puesto de acuerdo en el mecanismo de traspaso y actualización. Será un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación. Además, será por fuera del sistema de coparticipación.