Unos 30 mil beneficiarios de planes sociales comenzaron la semana pasada a trabajar en mejoras de las escuelas bonaerenses. A cambio, reciben un plus salarial para llevar sus ingresos a un sueldo mínimo. Se trata de un programa impulsado por el gobierno nacional para reconvertir los planes sociales dándoles una contraprestación productiva y garantizando mayores derechos para los trabajadores de la economía social.
En la casa de Rosa Saavedra 29 años, en pareja, madre de un nene de 5- viven al día, en el sentido más estricto de la expresión: los ingresos familiares son una AUH (2196 pesos) y un salario social (8500 pesos), y esto es todo con lo que pueden contar como dinero seguro. “Cobro el 5 de cada mes, pago lo que tenga que pagar, voy al supermercado para tener algo y ya está: no queda nada”.
La factura de la luz y el precio de los alimentos son letales para la economía de su grupo familiar. Después de los primeros días del mes, para comer dependen enteramente de las changas del marido, que corta el pasto o hace de electricista, albañil o pintor. Un vecino, dueño de un taller mecánico, lo llama cuando le llega trabajo.
Claramente hay días que los adultos de la casa tienen que suplantar una comida por mate y pan, y eso que tienen los gastos reducidos al mínimo: no pagan alquiler porque se hicieron dos cuartos al fondo de la casa de los suegros, todavía sin baño propio.
No pagan agua, porque la que tienen es de pozo. No tienen una factura de gas, porque la red no llega.
Este febrero, la cooperativa de Barrios de Pie que Rosa integra -y por la que cobra el salario social-, accedió al programa de arreglos de escuelas. Con su cuadrilla está acondicionando la primaria Nº 10 “Alas Argentina”, en Ituzaingó. Son 15 integrantes. Rosa cuenta que está entusiasmada porque es el primer trabajo de ocho horas que consigue en tres años.
Las tareas que están realizando son pintura de las aulas, pasillos y patios, arreglo de persianas y colocación de los azulejos faltantes, es decir trabajos de mantenimiento de poca complejidad, para dejar al colegio en buenas condiciones antes del comienzo de las clases.
Mientras estén realizando estos arreglos, recibirán un plus salarial que, sumado a los 8500 pesos del plan que ya tenían, llevará sus ingresos a 17 mil pesos, el equivalente a un salario mínimo.
30 mil beneficiarios
El programa se está implementando con 30 mil beneficiarios de planes sociales, en 15 provincias. Como política pública, la Argentina ya tuvo programas de este tipo, que implican el empleo de mano de obra intensiva para el mejoramiento de la infraestructura social, la mayoría de ellos entre 2003 y 2015.
Es decir que se trata de una línea de trabajo probada y en cierto sentido conocida; sin embargo, vale la pena entender cómo funciona y qué hay puesto en juego en cada plan.
Especialmente porque se trata de políticas reclamadas por los movimientos sociales frente al hecho evidente de que el mercado formal no llega a crear trabajo con derechos para toda la población.
En nuestras sociedades, ya a medio siglo del pleno empleo que la región conoció en los 70, hay millones que quedan excluidos del trabajo, incluso en épocas de crecimiento económico. Esta situación, clave en la generación de los altos índices de pobreza, no tiene forma de ser resuelta sin que el Estado asuma la función de crear trabajo -con un esquema superador de los planes de asistencia-, de manera más permanente. Garantizando, además, un piso de derechos.
Entre los programas de cooperativas a cargo de obras de mejoramiento urbano o infraestructura social creados entre 2003 y 2015 pueden recordarse el Agua más Trabajo, Cloacas más Trabajo, Capacitación con obra, Programa Federal de Emergencia Habitacional, la construcción de Centros de Integración Comunitaria.
Éste, de arreglos de escuelas, lleva el nombre de Argentina Unida por Educación y Trabajo. Tiene un esquema de financiamiento y coordinación compartido entre la Nación, provincias y municipios. La Nación paga el complemento salarial de 8500 pesos, mientras que las gobernaciones e intendencias aportan los materiales de trabajo. Y es parte del objetivo anunciado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que este año destinará un refuerzo de 30 mil millones de pesos para reconvertir paulatinamente los planes sociales. El plan de arreglos de escuelas abarcará a 30 mil beneficiarios, pero el planteo del ministerio es ir avanzando en el mismo camino con otros planes -no sólo en la construcción, sino en lo productivo y las tareas de cuidado- para levantar el piso de derechos del medio millón de beneficiarios de planes sociales que hoy hay en el país. El tema de la escala es, quizás, el más central de toda la propuesta.
Mejorar la casa
Clelia Gómez es la referenta de la cuadrilla. Armó la cooperativa en julio del año pasado, con vecinos del barrios de Ituzaingó que percibían el salario social.
Es decir que el grupo ya viene de trabajar en el mantenimiento de esta misma escuela, pero con una contraprestación de 4 horas al día y sin la provisión de materiales por parte del Estado.
Esta falta de insumos fue característica de la gestión de la alianza de derecha Cambiemos, que en sus años de régimen fascista y neoliberal mandó a todos los beneficiarios a estudiar, desarmando aquellas cooperativas que tenían carácter productivo. Este cambio estuvo en relación con el ajuste, ya que implicó bajar a cero los gastos del Estado en materiales y herramientas.
El giro que está dando hoy el gobierno en la política de Desarrollo Social incluye revertir esta situación, recuperando el carácter productivo de los llamados planes sociales, y se está haciendo articuladamente con provincias y municipios.
"Hay una decisión de pasar del asistencialismo al desarrollo de la economía popular, porque como viene planteando el ministro, el asistencialismo fracasó como política pública para erradicar la pobreza”, dijo Daniel Menéndez, subsecretario Promoción de la Economía Social. Para ilustrar las condiciones sobre las que se asienta el programa, explicó que “con un crecimiento de la economía del 3 por ciento anual, que está dentro del rango de lo considerado un crecimiento normal, se generan 150 mil empleos; pero cada año en la Argentina se agregan al mercado laboral 150 mil personas. Es decir que, con un crecimiento económico normal, no hay forma de dar la pelea contra la pobreza”.
Clelia valora del programa el haber podido incluir a jóvenes y remarca que algunos estaban en la calle. La mayoría de los integrantes de esta cuadrilla tienen entre 20 y 30 años. “Aprendieron algo de oficios, como de albañilería, pero lo que me parece más importante es que tengan su tiempo ocupado, que puedan organizar la vida de otra manera”. Clelia sabe por experiencia propia que en ese rango de edades, especialmente en esta franja del conurbano bonaerense, no hay otro trabajo que el precario. Tiene un hijo de 21 años que trabaja como delivery. “Le pagan 300 pesos por día, por repartir de 12 a 15 y a la tarde de 19 a 00”, cuenta. Arriba de una moto en la que no está ni asegurado, sin sueldo mensual, ni estabilidad, ni ninguno de los derechos laborales garantizados por una relación de dependencia.
Nahuel Segovia es dirigente de Barrios de Pie en el distrito, donde ha cumplido un período como concejal. “En los compañeros se nota la necesidad, porque hay una demanda de inscripción a los programas muy alta. Antes se acercaban a pedir sólo por ellos, no pedían para la mujer porque por ahí trabajaba en una casa de familia, la mayoría completaban sus ingresos como albañiles o cortando el pasto. Pero desde hace dos años, los pedidos son también para la hermana, la esposa, el marido… porque con la recesión no hay changas. Por eso que haya programas como estos para nosotros es fundamental, aunque si no se reactiva la economía no va a haber cómo responder a toda la demanda”, considera. Agrega que la expectativa es que este plan “se pueda sostener en el tiempo y sea un trabajo regular, para que los compañeros puedan cobrar todos los meses un salario mínimo por 8 horas de trabajo”.
Sobre el monto del programa, la mayoría opinó que es “una ayuda”; “no mucho pero sí una diferencia que mejora las cosas”, “la posibilidad de poder acomodarse mejor”. Rosa, la primera entrevistada, contó que quiere usar el dinero para comprar un termotanque y hacerse el baño en su casa. “Si me preguntan en qué me cambia tener este trabajo, pienso en mi casa. Yo no tengo la casa guau, pero con mi marido la pudimos hacer y es un lugar propio, porque cuando uno se junta y forma su familia lo que quiere es tener su casita, aunque sea una pieza con tus cosas. Antes dormíamos todos en lo de mis suegros. La gran diferencia de tener trabajo es poder hacer esto, al dinero que cobré en marzo lo quiero usar así: para cosas como poder tener tu baño, poner una cerámica, comprarte el termo para bañarte con agua caliente”.
Kevin Moreno, uno de sus compañeros (25 años), dijo que va a pagarse un curso de barbería. “Ya tengo la máquina y las tijeras, y hago algunos cortes". A futuro, su plan es aumentar sus ingresos con ese oficio.
Mariana Aitra (24 años) valora poder hacer frente a la crianza de su hija, que mientras ella trabaja deja al cuidado de una abuela. Axel Carrizo, de 26, menciona que “es bueno saber a qué hora empezás a trabajar y a qué hora vas a volver”, porque la jornada laboral no depende de en qué momento se termine de juntar con changas, ventas o trueque el dinero del día.
Alba Córdoba es prosecretaria de la escuela. Apunta que el programa le parece “perfecto y ojalá que siga”, porque “arreglar la escuela es como arreglar tu casa: uno quiere estar en un lugar donde se sienta bien. Y especialmente los chicos, como sujetos de derecho, tienen que estar en aulas donde se sientan contenidos y a gusto”.
Fuente: nota de Laura Vales para Página/12
Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, son los dos de los diez rugbiers acusados por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa que recuperaron la libertad ayer mismo. 
