Los centros de diálisis de todo el país podrían cerrar debido a la crisis económica

Por la desastrosa situación a la que Macri Blanco Villegas llevó al país, se ven afectados más de 30.000 pacientes. Preocupación de los profesionales.

La crisis económica afecta a diferentes sectores del país, uno de ellos la salud. Desde la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) denunciaron que los centros de diálisis privados y pymes nacionales diseminados en diferentes provincias atraviesan una delicada situación financiera.

Los centros de diálisis comenzaron a endeudarse y a realizar procedimientos de emergencia para poder continuar con la prestación. 

Según los empresarios, los financiadores principales, como Pami, deben aumentar el valor de la diálisis porque con lo que hoy pagan, no se alcanza a cubrir los costos de la prestación.

"Aquí hay que poner recursos importados y recursos humanos especializados. Tenemos en el país una Ley Nacional de Diálisis que expresa, taxativamente, lo que se debe incluir en la práctica de diálisis. Además, es imposible interrumpir la prestación sin poner en riesgo la vida del paciente", indicó Darío Zapata, titular de CADRA.

Lo que más preocupa a los profesionales es que, de no encontrar una resolución favorable por parte de los financiadores, existe la posibilidad cierta del cierre de los centros de diálisis debido a la insolvencia y asfixia financiera que sufren.

"El mayor problema que tenemos es que los financiadores - Pami, Incluir Salud y obras sociales provinciales- no actualizaron los valores de retribución siguiendo la evolución del dólar y la inflación y eso nos creó un desfasaje muy difícil de sostener por cuanto la mayoría de nuestros insumos son en moneda norteamericana, y los sueldos se ajustaron con la inflación de la misma forma", aclararon.

Por falta de pago del régimen, 1.500 personas pierden su tratamiento de diálisis

Alrededor de 200 centros de salud privados dejarán de brindar el servicio porque el régimen macrifascista les debe 250 millones de pesos.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) advirtió que más de 1.500 pacientes que son beneficiarios del programa federal Incluir Salud (ex ProFe) perderán su derecho al servicio que recibían porque el régimen macrifascista les debe a unos 200 centros privados de todo el país la suma de 250 millones de pesos.

La medida afecta a personas humildes que asisten a esos centros para ser tratados unas tres veces por semana. Asimismo, según la CADRA, hace más de un año que la gestión de la alianza de derecha Cambiemos dejó de pagar.

Según alertaron los especialistas médicos, si no reciben el tratamiento, los pacientes“pueden perder sus vidas en cuestión de semanas”.

“En sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal y al responsable del Programa Federal, Pablo Atchabahian, los directivos de CADRA piden una solución inmediata para evitar consecuencias no deseadas”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Al respecto, el titular de esa entidad, Darío Zapata, aseguró que “el desfinanciamiento que sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, al desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.

Incluir Salud, que pasó a depender este año de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un Sistema de Aseguramiento Públicdo de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

“El tratamiento hace que el paciente se mantenga con vida. Dejás de dializarlo y en cuestión de semanas pierde su vida. Es una enfermedad extremadamente grave que pone en juego la vida del paciente”, apuntó Zapata.

"Son tres veces por semana, sesiones de cuatro horas. La dosis estandarizada es 12 horas por semana. El inicio cuesta mucho, pero también el mantenimiento. Hay costos fijos extremadamente altos, con insumos importados. Si tuviéramos un ajuste valor dólar, podríamos. Pero si aumentó el 51% y nos proponen el 20%, con el atraso del año anterior, estamos en una situación de precarización tremenda”, agregó.