La ciudad de Buenos Aires relanza el sistema de cartoneros: serán reconocidos como un servicio público y todos cobrarán un sueldo

Las cooperativas tendrán paradas y horarios de trabajo en la calle, mientras que sus integrantes serán reconocidos como "recuperadores ambientales" y tendrán el 100% una paga.

El régimen fascista porteño relanzará el sistema de recolección de reciclables que hacen los cartoneros: serán reconocidos como un servicio público, tendrán rutas monitoreadas y se establecerán paradas para el acopio de material sólo en lugares seleccionados. Estos son algunos de los cambios que comenzarán a regir el año próximo, que pretenden mejorar el servicio al tiempo que buscan incorporar el hábito de la separación de residuos entre los vecinos.

La recolección que hoy hacen las 12 cooperativas de cartoneros que trabajan en el distrito asciende a unas 970 toneladas de material reciclable por día, según números oficiales. El régimen entiende que el servicio puede ser más eficiente y estar más ordenado, aunque fue necesario hacer una fuerte inversión para poder dotar de capacidades a las organizaciones de recuperadores.

"Si los vamos a reconocer como servicio público, antes teníamos que hacer una inversión para poder cumplir con los vecinos, garantizar que las cooperativas cumplan el circuito y asegurar que trabajen cumpliendo con todas las condiciones", explicó Renzo Morosi, subsecretario de Higiene Urbana porteño.

El presupuesto extra con el que contó el área asciende a 1.245 millones de pesos, es decir con $ 243 millones por encima del original, monto que se destinó a las obras en centros verdes, logística vehicular, alquileres y a diseñar el plan de paradas para las cooperativas.

Pero no sólo es inversión lo que incluye la nueva estrategia: habrá 96 paradas en toda la ciudad en las que las cooperativas podrán separar y pesar el material que se recolectó en cada zona, con horarios determinados.

Cada cooperativa tendrá una zona asignada que deberá atender y llevar el material a esos puntos por donde pasará un camión con ruta obligatoria y monitoreada. Los 5.400 cartoneros serán reconocidos como recuperadores ambientales, eso significa que todos cobrarán unos 13.200 pesos. Hasta ahora, el 50% de ellos cobraba este monto, el resto, la mitad.

"El gobierno está comprando 57 camiones para que se pueda hacer bien el trabajo. Las campanas verdes se reubicarán sólo en barrios con casas bajas como Saavedra los de la comuna 8. En las áreas con edificios, el trabajo será de las cooperativas y seguirán disponibles los puntos verdes que ya suman 300", detalló el funcionario.

Pero no sólo los recuperadores tendrán más controles. Los encargados de los edificios, muchos de los cuales ya cobran un plus por la separación del material. Desde el año próximo tendrán una capacitación obligatoria con mayores exigencias y habrá controles e inspecciones para asegurarse de que este eslabón del sistema funciona.

Respecto de los vecinos, en el ministerio no evalúan por el momento la sanción por incumplimiento. Aseguran que seguirán trabajando en la concientización. En el gobierno aseguran que el año próximo se sumarán plantas de recuperación, como la que ya funciona en Varela, en Barracas y en Saavedra y que esto ayudará en el proceso.

En las cooperativas de cartoneros consultadas fueron cautos. "Se está comprando material y han venido ingenieros e inspectores a las plantas, pero tenemos que ver cómo se pone en marcha. Hace años venimos reclamando atención para poder mejorar el servicio para los vecinos", dijo Alicia Montoya de El Álamo.

La CABA genera 7328 toneladas por día de residuos y unas 3000 se entierran en el relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) que tiene en la localidad bonaerense de San Martín. Las autoridades de la empresa estatal sostienen que dentro de cinco años el predio agotará su capacidad si no hay reducción de las toneladas que se reciben; cabe aclarar que a ese vertedero llegan otras 10.000 toneladas de distintos partidos bonaerenses.

El destino final de los residuos domiciliarios es uno de los problemas más complejos que tiene la ciudad de Buenos Aires, especialmente porque no hay terrenos disponibles en el distrito para utilizar, por ejemplo, nuevos rellenos sanitarios.

La solución que propone el régimen local apunta a incorporar en el sistema la incineración de residuos con producción de energía. Este año el Poder Ejecutivo consiguió sancionar una reforma a la ley de basura cero por la cual se permite el funcionamiento de esta tecnología en Buenos Aires. Hace dos semanas la justicia levantó la medida cautelar que tenía suspendido el proceso.

Lo único que, según esa norma, puede ser utilizado para la termovalorización son los residuos húmedos, es decir lo que recolectan las empresas de residuos que operan en el distrito y por la cual en 2019 recibirán 17.500 millones de pesos, según el detalle presupuestario que se sancionó en la Legislatura la semana pasada.

La idea oficial es instalar esas centrales que contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales. Esta intención con el actual precio de la energía y la devaluación aparece más alejada por el momento.

En América Latina no hay plantas de termovalorización instaladas como las que se piensan para Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ONGs y sectores sociales.

La propuesta de Rodríguez Larrata sobre los recicladores urbanos: si no hay cartón, no hay cartoneros

“La única forma de que no haya cartoneros es que no haya cartón”, dijo el jefe de Gobierno en una reunión con vecinos. En las cooperativas de cartoneros las palabras de Rodríguez Larrata no causaron sorpresa. “Hace años vienen planeando cómo sacar a la gente de la calle", se lamentaron. “Están haciendo de todo para que no funcione el reciclado”, dijeron desde las cooperativas.

En una reunión con vecinos, de las que suele organizar semanalmente el régimen fascista porteño para que los funcionarios se muestren en los barrios, el jefe de Gobierno hizo una desafortunada afirmación. Dijo cuál es la única solución que ve para que no hayan cartoneros en la calles. “Para que entendamos”, arrancó Rodríguez Larrata de cara a los vecinos, tras la pregunta de una señora, y siguió claro y sin vueltas: “la única manera de que no haya gente, en este caso llamados cartoneros, que abren bolsas en la calle es que no haya cartón”.

Uno de los presentes capturó con su celular la propuesta y el video circuló en las redes. “Mientras haya cartón siempre va a haber…”, seguía la explicación de Rodríguez Larrata, que no se termina de escuchar en el video. En las cooperativas de cartoneros, las palabras del jefe de Gobierno no causaron sorpresa. “Hace años vienen planeando cómo sacar a la gente de la calle. Obvio no con un plan de inclusión social sino sacándoles el pan de la boca”, se lamentó Alicia Montoya, directora de la cooperativa El Álamo.

La participación de las cooperativas de cartoneros en la recolección de residuos domiciliarios se formalizó en 2013 cuando se firmó un convenio entre el Ministerio de Ambiente y las cooperativas. En ese documento, las organizaciones de cartoneros se comprometían a incluir como trabajadores de sus cooperativas a los cartoneros independientes que hacía años recorrían los barrios en busca de materiales reciclables para revender. Pero para que esto suceda, el régimen fascista porteño debe autorizar el aumento del cupo de integrantes por cooperativa, algo que está congelado hace años.

“Como el Gobierno no nos habilita los ingresos la gente hace lo que puede por su cuenta y sola. Si hay cartoneros rompiendo bolsas en la calle es porque el Gobierno incumple el contrato de 2013 donde quedó asentado que las cooperativas íbamos a ser la forma de recuperación. Y si no hay cupos de ingresos, la gente se ve obligada a salir y más en este momento”, explicó Montoya.

Una sensación similar causaron las palabras de Rodríguez Larrata en la Cooperativa El Ceibo. “Están haciendo de todo para que no funcione el reciclado”, opinó Cristina Lazcano, presidenta de la cooperativa. “Retrocedimos un montón. Cambiaron las campanas, que son un desastre y es todo parte de negocio, mientras que nuestros vehículos se caen a pedazos y en los centros verdes no hay mantenimiento. Esta todo digitado para que no funcionen las cooperativas”, se lamentó Lazcano.

El mes pasado, el foco de conflicto entre el régimen fascista y los cartoneros fue la modificación de la Ley de Basura Cero para incorporar la termovalorización, una de las variantes de la incineración de residuos prohibida por ley. Además de los riesgos de contaminación denunciados por las organizaciones ambientalistas, los cartoneros remarcaron que la habilitación de las nuevas dos plantas que propone el régimen afectará seriamente la fuente de trabajo de sus cooperativas, integradas por más de 5.000 cartoneros.

Fuente: nota de Alejandra Hayon para Página/12

La quema de basura en la ciudad de Buenos Aires eliminará la actividad de 6000 cartoneros registrados y otros 6000 informales

La ley que impulsó el régimen fascista porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.

La decisión del régimen fascista de Horacio Rodríguez Larrata de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto desastroso para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo. 

Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del régimen porteño sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”, señaló. 

La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el régimen fascista proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.

Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”. 

Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larrata en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”, agregó.

El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.

Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”. 

La incineración de los residuos que impulsó el régimen de la CABA se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.

Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El régimen porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”. 

La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. 

Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”. 

En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”. 

Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del régimeno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. 

Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”. 

Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el régimen de Rodríguez Larrata es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores".

Fuente: nota de Carlos Rodríguez para Página/12