Amplio rechazo al Servicio Cívico Voluntario

Opositores y organismos de derechos humanos cuestionaron la colimba macrifascista. Desde el Frente de Todos y el FIT repudiaron el intento de enviar a los jóvenes a los cuarteles de Gendarmería. También protestaron Adolfo Pérez Esquivel y María del Carmen Verdú.

La colimba macrifascista no cayó bien. Distintos sectores del arco político rechazaron la implementación por decreto del Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de la Gendarmería. "La formación de valores no se tiene que hacer en cuarteles de las Fuerzas de Seguridad", dijo el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona.

En la provincia andina se experimentó con esto en 2005, durante la gobernación de Julio Cobos. "No produjo resultados positivos y fue una experiencia duramente criticada desde distintos sectores de la sociedad", agregó Carmona. El radical explicó ayer a la mañana en Twitter que lo impulsó para "reincorporar en el sistema a los que abandonaban la secundaria".

Por su parte la diputada nacional Victoria Donda también criticó la medida. "La ministra Bullrich quiere que la Gendarmería eduque a les jóvenes. Eso pasa cuando fracasan tus políticas económicas y educativas. ¿No pensaron en generar empleo o dejar de recortar en Educación? Eso puede andar mejor", cuestionó en Twitter.

Desde el Frente de Izquierda, también apuntaron contra este nuevo programa de valores llevado a cabo por la Fuerza de Seguridad. La precandidata a diputada Myriam Bregman dijo en redes sociales que "a la juventud no le ofrecen educación, becas ni posibilidades de estudiar; le ofrecen llevarla a los cuarteles de Gendarmería" y agregó que "Patricia Bullrich tomó la propuesta del diputado Olmedo y puso a la Gendarmería a 'formar' jóvenes. Desde los 90 es la fuerza elegida para reprimir la protesta social".

Distintas organizaciones sociales también cuestionaron el decreto. "Quieren que los mismos gendarmes responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que reprimen trabajadores en manifestaciones, 'formen' a nuestros pibes en 'valores democráticos y republicanos'", señaló la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú. "Los únicos valores que los gendarmes pueden transferir son los de la caja del contrabando y el narcotráfico", disparó.

A esto se sumó el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel que, por ayer por la mañana en declaraciones a FM La Patriada, criticó al régimen macrifascistao por la medida. "Esto no ayuda a la democracia, los valores democráticos se construyen en la Escuela pública. La democracia esta en crisis con el Gobierno de Macri. El Gobierno hace todo lo contrario a los valores democráticos, son ellos quienes ponen en riesgo la democracia", sostuvo y, además, recordó la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado (ver nota aparte en esta misma edición).

María del Carmen Verdú, sobre el crimen de Rodolfo Orellana: “Fue un fusilamiento”

La abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se refirió ayer al asesinato de Rodolfo Orellana y afirmó que “es el tercer caso de muerte en situación de conflictividad que tiene este gobierno después de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”. 

Verdú calificó el hecho como “un fusilamiento” debido a la trayectoria del balazo que acabó con la vida del militante de la CTEP en La Matanza durante una refriega de la Policía Bonaerense.

También criticó que se quiera instalar la idea de una muerte a manos de los propios compañeros de militancia. “Viene de lejos esto de decir que se matan entre ellos, como en la masacre del Puente Pueyrredón en 2002, o antes en el puente Chaco-Corrientes en 1999”, dijo y añadió que “se ve en los fusilamientos de gatillo fácil en los barrios, que presentan como enfrentamientos".

Asimismo, definió lo ocurrido en La Matanza como “un asesinato en el marco de la conflictividad social, que se ve cuando atacan fuerzas policiales a quienes reclaman una vivienda digna”. Puso como ejemplo el caso de Cristian Ferreyra, asesinado en Santiago del Estero en 2011 y consideró que “los casos de represión estatal en reclamos de tierra y vivienda son los más frecuentes”.

La abogada también habló del incendio de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, donde murieron ocho presos. “Tenía inhabilitación judicial para alojar detenidos porque no garantizaba condiciones mínimas. Había 27 reclusos hacinados y en esas condiciones era lógico que reclamaran”. denunció, al tiempo que aseguró que “hubo una decisión judicial para dejar que murieran” y habló de “una línea de conducta” respecto de casos como los 33 presos muertos en el incendio de Magdalena en 2005, o los 4 que murieron en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. “No pueden decir que los bomberos tardaron en llegar si el cuartel está al lado de la comisaría. Si no fueron es porque no quisieron”, agregó.

La Correpi asiste a los dos jóvenes musulmanes arrestados hace unos días y a quienes se acusó de presuntos vínculos con el Hezbollah. “Estamos frente a un uso descarado de técnicas de espionaje”, dijo Verdú en relación a la escucha telefónica en la que se pide helado a un delivery, y eso sirvió como fundamento para el arresto de los hermanos Abraham Salomón. “Se vio algo similar en la marcha del 1º de septiembre del año pasado por Maldonado y en la represión por el Presupuesto, cuando arrestaron a extranjeros”, sostuvo la abogada sobre los manejos de Inteligencia. Remarcó que las armas adjudicadas a los hermanos son de colección de más de un siglo, heredadas de un bisabuelo.

Finalmente, en declaraciones a FM La Patriada, opinó acerca del despliegue de fuerzas de seguridad en el marco de la reunión del G20. “Supera todo lo que se podía preveer en cuanto a participación de fuerzas armadas y de seguridad, más de 20 mil efectivos y una restricción vehicular de un perímetro desaforado”, consideró y lo comparó, a otra escala con el caso del Congreso “que no puede sesionar sin bloquear toda la ciudad”. De allí que “el G20 sólo lo pueden hacer en una ciudad sitiada y militarizada”. Aunque afirmó que, pese a “la amenaza de Bullrich de irnos de la ciudad, nos vamos a quedar y nos vamos a movilizar”.