Michetti puso punto final a la investigación interna por el escándalo del Correo Argentino

Un decreto con la firma de la vicepresidenta rechazó el último recurso interpuesto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar las responsabilidades de funcionarios en el intento de condonar la deuda con el Estado de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri.

Mugrizio Macri Blanco Villegas mandó a cerrar la investigación interna sobre la maniobra con la que intentó condonarle la deuda del Correo Argentino a su familia por más de 70 millones de pesos. El decreto fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que inauguró su rol para intervenir en los temas relacionados con la empresa, luego de que el retrasado mental se excusara para evitar “posibles conflictos de intereses” ya que su familia mantiene participación societaria en empresas controlantes.

Puntualmente, el decreto cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Luego de conocerse el acuerdo con el Grupo Macri para cancelar la deuda, que en la práctica significaba una condonación encubierta, en febrero de 2017, Rodríguez pidió iniciar un sumario para investigar el rol de los abogados del Estado que encabezaron dicha negociación.

La PIA puede denunciar y pedir medidas ante la Procuración del Tesoro y también puede accionar en la justicia penal y el fuero federal. En ambos ámbitos entregó un informe que señalaba sospechas de que hubo funcionarios del Poder Ejecutivo que negociaban el acuerdo con el Correo Argentino fuera de tribunales, lo que habría quedado asentado en los registros de una sucesión de reuniones que se hicieron en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos.

Incluso existe una nota en la que Juan Mocoroa, que era director de asuntos jurídicos, le anticipaba al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la oferta que haría el Correo y pedía instrucciones. Ese material fue entregado en el marco de la causa penal en manos del juez federal Ariel Lijo.

En junio pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías -un hombre puesto por Macri luego de que saltara el escándalo- resolvió dar por terminado el sumario donde se investigaba la posible responsabilidad administrativa. Pero Rodríguez apeló la mediada a través de un “recurso jerárquico” en el que advertía que no se hizo una investigación completa de los hechos.

El Decreto 907/2018, firmado por Michetti y por Marcos Peña Braun Menéndez, publicado ayer en el Boletín Oficial, rechaza este último recurso y por ende le pone un punto final a la investigación interna. "Hágase saber al recurrente, que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa", establece el texto.

Macri Blanco Villegas puso a Michetti como representante del régimen ante Correo Argentino

Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el ex hijastro de Flavia Palmiero se excusó por la participación societaria que tiene su familia en la empresa que tiene una deuda importante con el Estado.

Mugrizio Macri Blanco Villegas buscó mostrarse lejos de todo lo que tenga que ver con Correo Argentino mientras su familia mantenga sus participaciones societarias en las empresas controlantes de esa firma. 

De este modo, el subnormal firmó un decreto en el que, sin embargo, pone a cargo a su vice, Gabriela Michetti.

Administrada el Grupo Macri, Correo Argentino S.A. presentó en septiembre una nueva oferta al Estado argentino por su deuda multimillonaria, similar a la planteada el 28 de junio de 2016, pero le sumó lo que denominó "una mejora de plazo y monto" y un "reconocimiento adicional". A partir de esa presentación el Poder Ejecutivo tenía 45 días para expedirse a favor o en contra de la propuesta.

Publicado ayer en el Boletín Oficial, el Decreto 882/2018 afirma que el retrasado mental se considera "alcanzado por el deber de abstención" y que "constituye un objetivo primordial del gobierno nacional el fortalecimiento de los pilares básicos del sistema republicano y la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

"Razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resulta el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa", indica.

Un fallo escandaloso de la Justicia adicta benefició a Michetti en una causa caliente de corrupción

Un año después de la apelación, la Cámara Federal desestimó la apelación por el contrato para enviar U$S 200 millones de la ANSeS a una guarida fiscal.

Luego de dejarlo dormir un año, la Cámara de Apelaciones desempolvó el expediente del memorando con Qatar para cerrar la investigación. La ANSeS había firmado un contrato confidencial con el país árabe para desviar U$S 200 millones del fondo de los jubilados a una guarida fiscal, pero que la Justicia entiende es una mera “expresión de voluntad”. Se trata de una de las causas más sensibles para el régimen macrifascista

En noviembre de 2016 se conocieron los detalles de la negociación secreta de varios meses del régimen de Mugrizio Macri Blanco Villegas con el de la nación asiática, donde Gastón Gaudio había oficiado de nexo. Diego Nicolás Rosendi, financista amigo del ex tenista era uno de los candidatos para administrar un fondo de inversión compuesto por U$S 200 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS-ANSeS) y U$S 1.000 millones de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, en inglés).

Tras estalla el escándalo, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y un grupo de diputados nacionales denunciaron penalmente a los involucrados en el memorando. En marzo de 2017, el juez Daniel Rafecas consiguió que el régimen macrifascista suspenda su aplicación, tras lo cual desestimó la demanda por considerar que los delitos no llegaron a consumarse.

Ante esto, la fiscal Paloma Ochoa apeló, al considerar que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la excanciller Susana Malcorra, el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, el entonces titular del FGS Luis María Blaquier habían violado sus mandatos de funcionarios públicos al emprender y firmar un acuerdo que flagrantemente viola la legislación argentina.

Tras doce meses de mantenerlo paralizado, la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones avaló la resolución de primera instancia y tampoco hizo lugar al único recurso secundado por el fiscal general de Comodoro Py, Germán Moldes, que consideró “indiscutiblemente necesario”, de acuerdo al fallo al que este medio tuvo acceso.

El camarista Leopoldo Bruglia apoyó la desestimación votada por Jorge Ballestero al alegar que “se evidencia claramente la esencia de un instrumento que las partes utilizaron simplemente para dejar constancia de conversaciones donde expresan su voluntad para que en el futuro se concrete o no un posible acuerdo, es una mera expresión de intenciones que no necesariamente han de llevarse a cabo, condicionadas a que no se contraríen los ordenamientos legales de la República Argentina, lo que de por sí descarta cualquier posible atisbo de ilicitud”.

Los jueces de segunda instancia interpretan, por lo tanto, que el documento bilateral “no genera obligaciones de ningún tipo para los firmantes y, por lo tanto no resulta pasible de provocar un perjuicio al Estado Argentino”. Sin embargo, el FGS se maneja con estrictas regulaciones (que con el mega DNU de enero del Ejecutivo fueron suavizadas), que le impiden transferir U$S 200 millones del FGS al exterior, menos aún a una offshore, como especificaron ambos gobiernos en las negociaciones. Esto, a su vez, está prohibido por la ley local.

“No se advierte tampoco ninguna maniobra encubierta que, bajo pretexto de legalidad, permita inferir una actividad que pueda resultar penalmente relevante”, coincidieron Bruglia y Ballestero.

“Nos encontramos en este caso con un instrumento cuyo contenido refleja una expresión de voluntades por parte de dos organismos estatales de llevar adelante conversaciones y negociaciones sobre una futura y presunta posibilidad de efectuar una inversión conjunta, la cual cualquier concreción al respecto estará subordinada a la adecuación de las normas legales internas, no generando ningún tipo de obligación jurídica o financiera en este país”, juzgaron.

A pesar de lo argüido en el fallo, los funcionarios argentinos pactaron conscientemente un memorando que contraria la legislación argentina. En este caso, podría demostrar un desconocimiento del derecho por parte de los altos directivos de la ANSeS.

En un documento interno, el organismo previsional había calificado a la pesquisa por el memorando con Qatar como uno de los que más preocupaciones les generaba, junto a un listado de nueve operaciones financieras que podrían haber beneficiado al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al empresario oficialista Marcelo Mindlin, y al propio Blaquier.

Fuente: nota de Ezequiel Orlando para El Destape web

Violencia laboral y de género: la doctora Mariana Lestelle denunció al hermano de Michetti

Gabriel Michetti es el director del Hospital de Oncología Luciano Fortabat, donde trabajaba la médica reconocida por sus frecuentes apariciones en los medios de comunicación.

Las acusaciones de la doctora Mariana Lestelle contra el hermano de la vicepresidenta Gabriela Michetti revisten gravedad en dos planos: por un lado, toda denuncia de violencia laboral y de género debe ser considerada seriamente, y por otro sus consecuencias afectan a la salud pública.

Según contó la profesional, conocida entre el púbico ya que suele ser consultada habitualmente por distintos medios de comunicación, Gabriel Michetti, director del Hospital de Oncología Luciano Fortabat, ejerció contra ella diversas acciones que se encuadran en esas figuras.

A través de su cuenta de Twitter, Lestelle relató que "un día llegué, me dijeron 'no podes entrar a esta oficina por orden del director'. Pregunté, ¿solo yo o no puede entrar ningún médico?. Sólo vos me respondieron".

Luego le sucedió lo mismo en la farmacia del hospital, con idéntica respuesta. "Otro día llegué y me habían descontado el presentismo laboral cuando se murió mi mamá", continuó.

Debido a esta circunstancia, no siguió concurriendo al hospital. Así describió sus situación actual: "Por eso, hablando con autoridades de provincia, estoy a 'prestamo' del municipio. No tengo lugar fijo donde trabajar".

"El que ejerció toda esa violencia laboral y de genero es nada más y nada menos que el hermano de la vicepresidenta, y la sigue ejerciendo con gente q no tiene voz por miedo a perder el trabajo", advirtió.