El dictamen del Procurador de la Nación que avaló el desembarco de Farmacity en el territorio bonaerense generó revuelo en distintos puntos de la provincia. En Zárate, el radicalismo en el Concejo Deliberante llegó a impulsar una declaración contra la empresa del vice jefe de Gabinete, Mario Quintana.
En la sesión del jueves, los concejales del radicalismo que integran el bloque de la alianza de derecha Cambiemos votaron un proyecto de declaración -impulsado por los farmacéuticos- que rechazaba el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires.
Los concejales radicales Angel Lavie, María Elena Gallea, Irene Lucía Guehenneuf y Norberto Fernando Toncovich, se separaron de la postura del bloque (que rechazaba el proyecto) y votaron a favor. Los cuatro responden al armado radical que en ese distrito encabezan Daniel Salvador y la diputada Sandra Paris.
El texto manifestaba la preocupación del cuerpo ante la posible llegada de Farmacity. Según el proyecto, la llegada de la empresa del Grupo Pegassus "podría impactar negativamente en comercios locales del mismo rubro, con la consecuente pérdida de fuentes laborales".
Además, el texto instaba a la Legislatura bonaerense a mantener la vigencia de la ley 10606, justamente la norma que el procurador interino, Eduardo Casal, consideró como "inconstitucional" en una resolución que allana la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia.
La votación dividida del bloque de Cambiemos generó estupor en Zárate, un distrito fuerte de la Segunda Sección, gobernado por el Osvaldo Cáffaro, un hombre de Julio De Vido que ahora mantiene puentes de diálogo con María Eugenia Vidal.
El macrifascismo rechazó de plano el proyecto y -en línea con la postura del régimen fascista de Vidal- argumentaron que es un tema que debe decidir la Justicia.
El concejal Marcelo Matzkin aseguró que "en un sistema democrático y republicano, debe respetarse la división de poderes. Si un tema se encuentra judicializado por voluntad de las partes, como es el presente caso, los demás poderes del estado no deben interferir hasta que se dicte la sentencia y sea la justicia quien decida. Nosotros no venimos a mentir a la gente, asumimos el compromiso de decir la verdad".
El dictamen del Procurador interino volvió a traer la polémica por la posibilidad de que Farmacity pueda abrir comercios en la provincia. La decisión de Casal llegó dos días después de que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía.
Luego que trascendiera el dictamen, la oposición cuestionó la medida y acusó directamente al régimen macrifascista de proteger a Quintana. En tanto, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, volvió a pedir mediante un escrito ante la Corte Suprema ser parte en la causa en la que Farmacity solicitó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Farmacias.
