Una escuela católica del barrio porteño de Caballito obliga a las familias a firmar un consentimiento en contra del aborto y a favor de una educación sexual basada en el planteo antropológico católico para renovar la matrícula para el año que viene.
Si bien la ley de Educación Sexual Integral prevé que cada institución pueda adaptar “las propuestas” para impartir la ESI a su “ideario institucional”, obliga a todas las escuelas, incluso a las privadas y confesionales, a “brindar información científica y precisa” y los contenidos mínimos determinados por el Ministerio de Educación. El pedido de toma de posición en contra del aborto fue lo que llevó a un grupo de padres a denunciar públicamente el nuevo reglamento.
"Acepto y comparto la posición de defensa del derecho a la vida desde la concepción y garantizo la formación sexual integral desde el planteo antropológico y católico acorde al Ideario y el Proyecto Escolapio de Educación en el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad", dice el reglamento del ciclo lectivo 2019 del Colegio Calasanz que deben firmar las familiar para confirmar la matricula del año que viene.
Esta toma de posición en contra de la interrupción del embarazo es la que promueve la escuela por ser católica, pero no la que profesan todas las familias. Por eso, y según trascendió, un grupo de padres planea denunciar el documento ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
La escuela se ampara en el artículo 5 de la Ley nacional 26.150 que si bien garantiza la obligatoriedad de la educación sexual durante todo el ciclo lectivo, habilita a cada escuela a elaborar su propio plan de enseñanza con “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
La ley de Educación Sexual de la Ciudad, sin embargo, obliga a todas las instituciones a “brindar información científica, precisa y actualizada” de acuerdo a cada etapa de desarrollo de los niños. Estos contenidos mínimos obligatorios no pueden ser omitidos por el ideario institucional al que apela el colegio.
“La ley obliga a todo el sistema educativo a brindar información científica, diversa y completa y no hacerlo significa privar a los chicos de su derechos a la información y a la educación integral. Las escuelas están obligadas a brindar información sobre anticoncepción, diversidad sexual e identidad de género”, explicó María Elena Naddeo, titular del Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, Naddeo remarcó que no puede quedar al arbitrio de la escuela religiosa y que el Ministerio de Educación porteño debería intervenir para asegurar que se brinden los contenidos mínimos y obligatorios. “Hay una contradicción entre lo que quieren los padres y los derechos de los chicos, que son sujetos de derechos y no objetos de los padres”, agregó la funcionaria que puso a disposición la Defensoría para aquellos padres que quieran hacer la denuncia.
Desde la cartera que conduce Soledad Acuña aclararon que tomaron conocimiento del documento pero, al estar amparada en el artículo 5 de la ley nacional, la escuela no incurre en ninguna contravención. Sí recordaron que a pesar de que la escuela no promueva la anticoncepción están obligados a brindar información de todos los métodos existentes.
“La ESI es una ley y como toda ley se tiene que cumplir. Además al estar en el contenido curricular la escuela no puede elegir si darla o no. Es obligatoria”, explicaron desde el Ministerio. Según aclararon, la escuela está obligada a brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos existentes, por ejemplo, y recién después dar su visión confesional. Si los padres consideran que el colegio no enseña esa información obligatoria podrían hacer la denuncia en la Dirección de Escuelas de Gestión Privada.
