Así lo determina el "GPS del Estado", de la organización CIPPEC, que reveló que con el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo y con funcionarios menos profesionalizados.
La organización CIPPEC difundió su informe "GPS del Estado" 2017/2018 en el que además de estudiar la situación actual de la administración pública hizo un relevamiento del crecimiento de la situación del Estado en los últimos años.
Así determinó que contrariamente a toda la falacia discursiva de reducción del Estado, la administración macrifascista aumentó la estructura con mayores incorporaciones, muchas de ellas "a dedo".
"El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo", sostiene el informe.
El aumento de Ministerios derivó en una expansión de la estructuras en los niveles de secretarías y Subsecretarías que "provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017", según se indicó.
En 2015 había 65 secretarios de Estado y en marzo de 2018 la cantidad era de 113; las subsecretarías, en cambio, se redujeron de 165 a 131, mientras que los directores nacionales pasaron de 291 a 313.
CIPPEC advirtió además sobre un "deterioro en el espacio directivo" y subrayó que "en este sentido, la modalidad de ocupación del espacio directivo es discrecional y tiene un componente altamente político: en 2017 solo el 2% de los directivos públicos se encontraban designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 alcanzaba el 6%".
Asimismo, se informó que "el porcentaje de directivos públicos que cumplía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos se redujo de 32% a 18% entre 2015 y 2017".
De igual modo, el informe "GPS del Estado" subrayó que "en 2015 el 72% del total de personas que componían la Alta Dirección Pública eran profesionales y en 2017 esta participación cayó al 66%".
"La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas", se agregó.
