El jefe de Estado apuntó contra la Cámara Federal porteña, al asegurar que están empecinados "en tapar que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación". También desarmó la maniobra de Macri en el Consejo de la Magistratura para bloquear a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El presidente Alberto Fernández criticó ayer los jueces que ordenaron liberar a los miembros de Revolución Federal, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Los acusados estaban presos desde el 20 de octubre pasado en una causa que los investiga por incitación a la violencia colectiva. “Deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron”, protestó el mandatario.
“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, expresó Fernández en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, consideró que Bruglia y Bertuzzi “deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.
“La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, concluyó en sus redes sociales.
El martes, los jueces de la Sala I del tribunal sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. El juez dispuso la excarcelación bajo caución juratoria e impuso una serie de reglas, como no salir del país sin autorización.
La libertad se dispuso para Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El tribunal le indicó dictar medidas de sujeción al proceso, “siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”. Según indicaron en tribunales a este medio, entre esas medidas puede aparecer desde una caución real (fianza) o juratoria (la libertad bajo juramento) hasta una tobillera electrónica o la retención de pasaporte.
Todos estaban presos desde el 20 de octubre pasado. En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile -entre otras personas aún no identificadas-, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.
El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional -Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros-, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
