Será mañana, a menos de una semana de su presentación. Distorsiones de la oposición y cambios técnicos. El panorama en Diputados.
El proyecto de les senadores kirchneristas que busca cancelar la deuda con el FMI con los dólares fugados ubicados en el exterior comenzará a ser debatido este martes en el Senado. No pasó aún una semana desde su presentación, pero en el Frente de Todos predomina un entusiasmo que demanda un rápido tratamiento, especialmente en aquel sector que se resistió a aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y que observa en esta iniciativa una suerte de resarcimiento interno.
Si bien los senadores oficialistas destacan que el proyecto es "un acto de justicia", el panorama legislativo es aún incierto. Juntos Por el Cambio, por un lado, ya ha comenzado a anticipar su rechazo, echando mano a objeciones técnicas que los saquen de la incómoda posición de "defender evasores". En Diputados, mientras tanto, el escenario es todavía más complejo, ya que no son pocos los bloques minoritarios que están poniendo pegas al proyecto por considerar que es "puro relato". El escenario se anticipa complicado, pero en el Frente de Todos insisten que abrirán la puerta a modificaciones a la espera de ir sumando más adhesiones.
El jueves pasado, el Senado terminó de conformar la comisión de Legislación General con el objetivo de poder dar inicio lo antes posible al tratamiento del proyecto que busca perseguir y gravar los bienes no declarados en el exterior. "La semana que viene se va a arrancar a tratar los dos proyectos de ley. Uno es la conformación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI, ya que el proyecto lo que aspira es a que paguen la deuda aquellos que fugaron y especularon con los dólares baratos que ingresaron por el Fondo", explicó Juliana Di Tullio, una de las primeras senadoras en firmar el proyecto. "Esto no es un blanqueo porque no es voluntario. No les vamos a pedir ningún favor. Con el otro proyecto lo que se hace es abrir el secreto fiscal bursátil bancario para poder ordenar hacer una pesquisa y poder ir a buscar esos dólares. No es que vamos a pedir un aporte, sino que lo que hacemos es poner una penalización al delito económico de evasión", destacó Di Tullio, molesta por las confusiones que el proyecto había generado en los medios y algunos sectores de la oposición que hablaban de "blanqueo" o "impuesto".
En efecto, una de las primeras reacciones de parte de Juntos por el Cambio fue oponerse al proyecto denunciando que era un "blanqueo encubierto", un nuevo impuesto o, incluso, una "caza de brujas" que solo funcionaba a modo de "relato" para "consagrarse" con Cristina Fernández de Kirchner. "Esto es un blanqueo encubierto, es una Ley Daniel Muñoz, es para ese tipo de personas que tienen mucho dinero en negro", denunció Martín Lousteau, convenientemente amnésico del blanqueo que llevó a cabo el propio Miauricio Macri cuando era presidente. "Es un blanqueo liso y llano, pero culposo y mal hecho, que permite que entren dinero de cualquier tipo de delito", cuestionó, a su vez, el diputado de la Coalición Cínica Juan Manuel López, a este diario. "Hay varias inconsistencias técnicas con el proyecto, que tiene un clara intencionalidad política para poner una cortina de humo que cambie el eje del debate en la Argentina. Tiene un gran título pero le falta asidero", concluyó el senador radical Víctor Zimmerman en diálogo con Página 12, anticipando un rechazo colectivo a los proyectos.
"Yo no se si dicen lo que dicen porque no leyeron los proyectos o por oponerse porque sí, pero nosotros estamos dispuestos a escuchar toda propuesta que tengan para modificar", aseguró Di Tullio. Una de las primeras modificaciones que ya se están analizando proviene de las filas del mismo oficialismo, puntualmente de Edgardo Kueider. Si bien Kueider es uno de los senadores que terminó enterándose por los medios de que el bloque había presentado el proyecto (lo que generó varias rispideces internas), asegura que lo respaldará aunque primero quiere presentar algunos cambios que lo hagan más eficiente. Su objetivo es profundizar la parte de la tarea investigativa y punitiva de la iniciativa y estará listo para el debate en el plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General del martes. Luego, frente a la oposición de JxC, les legisladores tendrán el desafío de conseguir el apoyo de al menos dos aliados clave para alcanzar los votos necesarios para aprobar el proyecto: Alberto Weretilneck, Clara Vega o Magdalena Solari Quintana. De momento, según pudo saberse, los senadores y las senadoras están analizando la letra del proyecto y aún no tomaron una posición.
Más complicado será la Cámara de Diputados, allí donde la paridad entre oficialismo y oposición es mucho mayor y el rol de los bloques minoritarios es clave. En el caso del interbloque Federal, que cuenta con 8 diputados, se anticipa un rechazo. "La Argentina ya tiene en vigencia una ley penal tributaria y una de lavado de activos, lo que significa que está en condiciones de accionar frente a irregularidades y no necesita de un blanqueo o una amnistía para hacerlo cumplir", sostuvo el titular del interbloque, el "Topo" Rodríguez. El FIT, mientras tanto, se opuso bajo el argumento de que "las estafas no se pagan".
"Suena más a distracción para disimular el ajuste acordado con el FMI que una política seria para combatir la fuga de capitales", sostuvo Romina Del Pla, aunque advirtió que tomarían la "decisión final" más adelante. En el caso de Provincias Unidas, sin embargo, no se observa con malos ojos que "se le cobre a quienes evadieron", por lo que se especula con un posible acompañamiento. Los canales de diálogo se mantienen abiertos y un optimista legislador del Frente de Todos reflexiona: "Va a ser difícil oponerse, ¿cómo vas a justificar que te opones a perseguir evasores?".
Fuente: nota de María Cafferata para Página/12
