La Procuración General de la Ciudad de Buenos respondió que ya presentaron los informes sobre la vuelta de la presencialidad a las escuelas y que los ministros no pueden concurrir a la audiencia pública. Subrayó además que el magistrado "prejuzgó" y que no debería haber hecho lugar al amparo.
La nefasta y corrupta gestión de Horacio Rodríguez Larrata no quiere explicar cómo será el regreso a las clases presenciales. Luego de que el régimen porteño recusara al juez Roberto Gallardo por convocar a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, a una audiencia judicial para que brindaran detalles sobre el retorno a la presencialidad, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires solicitió ayer que se suspenda aquella citación prevista para el 10 de febrero.
La presentación es la segunda que hizo la Procuración en 48 horas, luego de que recusara al juez en lo Contencioso Administrativo porteño, quien había convocado a la audiencia en el marco de un amparo de un trabajador de la Ciudad, Carlos Luis Elías. El hombre había pedido precisiones sobre el sistema de testeos contra el covid-19 que se iba a poner en marcha en el marco de reinicio del ciclo lectivo.
La nueva presentación judicial quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, que reemplaza al juez Gallardo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelva la recusación impulsada por la Ciudad.
"Debe advertirse que el Dr. Gallardo citó con carácter personal e indelegable, a la Sra. Ministra de Educación y el Sr. Ministro de Salud, en vísperas del comienzo del ciclo lectivo 2021 y en plena pandemia. Su citación a la audiencia designada importa suspender compromisos ya asumidos con anterioridad a la designación de dicha audiencia", sostuvo la Procuración en su presentación judicial, argumentando que los funcionarios tienen problemas de agenda para acudir.
Además, manifestaron que han "aportado los informes que dan cuenta de las acciones implementadas para desarrollar los testeos al personal docente y no docente", razón por lo cual consideraron que "la causa se ha tornado abstracta".
Por otro lado, ante la supuesta dificultad para asistir por parte de los ministros Quirós y Acuña, pidieron que "se autorice a concurrir a la misma a los funcionarios que los Ministros a tal efecto designen y que la misma se desarrolle solo con la presencia de las partes, esto es, actor y demandando".
En otra parte de la denuncia, señalaron que "el Juez Gallardo citó arbitrariamente a representantes gremiales sin que exista petición de las partes y, como si ello fuera poco, convocó en plena pandemia y a días del comienzo de las clases a una audiencia a los Sres. Ministros de Salud y de Educación con carácter personal e indelegable".
Asimismo, subrayaron que el juez "prejuzgó" ya que solicitó la audiencia "sin haber analizado siquiera la información aportada por esta parte" y que "daba por sentado que el Gobierno de la ciudad no cumpliría con el objeto del proceso".
En la misma línea, indicaron que el juez Gallardo no debería haber hecho lugar al amparo iniciado por el trabajador porteño Carlos Luis Elías. "Agravia a mi parte la circunstancia que el sentenciante recusado haya tenido por habilitada la acción, cuando en realidad debió rechazarla in límine a causa de la manifiesta falta de legitimación", resaltó la Procuración en el escrito.
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